La oficina del Inspector general especial para la reconstrucción de Irak (SIGIR por sus siglas en inglés) en Arlington, instruye cerca de 110 causas penales de soborno y hurto de asignaciones federales en el país controlado por las tropas estadounidenses. Uno de los expedientes llevó recientemente a que un sargento del Ejército de EE. UU., Ray Scott Chase, fuese condenado a un año en la cárcel por aceptar cohechos de un total de 1,4 millones de dólares recobrados de los contratistas de Kuwait en 2002—2003. Pero este caso es un pormenor en el marco de una tendencia general, de la que el destacado periódico The Times emprendió su propia investigación.
“Transacciones multimillonarias de suministro de los productos alimenticios y el equipo militar al Ejército americano en Irak y Afganistán se atascaron en el caos y la corrupción, —testimonian los periodistas—. Los funcionarios estadounidenses cobran sobornos enumerados en millones de dólares, mientras que a uno de los abastecedores locales le acusan de participar en el programa iraní de la elaboración del armamento nuclear.
Una compañía de Kuwait, Agility, prosiguen los corresponsales de The Times, que desde el 2003 abastecía el cupo militar de EE. UU. con productos alimenticios fue abonada por el Pentágono con unos 68 millones de dólares de pagos excesivos. Luego que cambiaran los que tomaban las decisiones, esta compañía fue privada del contrato. Entonces el mismo volumen de suministros pasó a las manos de la empresa Anham de Dubái, decisión que en su turno fue impugnado por KGL Holding de Kuwait.
Para aquel momento el departamento de Defensa norteamericano ya disponía de la información sobre una estrecha cooperación de esta última compañía con la iraní de transporte, IRISL, que en 2008 fue colocada en la 'lista negra' de la Administración de Washington por “actividades vinculadas con la proliferación de las armas de destrucción masiva”. Esa circunstancia no impidió a que el Pentágono volviera a examinar la demanda de KGL y por fin esta ganó.
La oficina de SIGIR incoaba su instrucción contra Agility, partiendo de la demanda de otra empresa de Kuwait, denominada KMS, cuyos dirigentes estaban seguros de que el contrato debería caer en sus manos. Pero más tarde se reveló que la propia KMS había sido involucrada en un escándalo de corrupción que resultó transformándose en un proceso penal contra el comandante John Cockerham. En 2009 este oficial fue declarado culpable de aceptar sobornos en suma de 10 millones de dólares y condenado a los 17 años de prisión. Con eso, no fue presentado ningún contra la KMS, de modo que hasta el momento sigue siendo una contratista de las autoridades militares estadounidenses.
Además de aquellas notorias muestras de la corrupción, el periódico se refiere a una información de que varios contratistas afganos del Pentágono efectuaron sistemáticamente los pagos a los talibanes “por la protección” de los transportes: obviamente a cuenta de los contribuyentes de EE. UU. Si la información se confirmara, esto significaría que el sistema del abastecimiento bélico estaba involucrado en un gran latrocinio, denuncia en las páginas de The Times uno de los expertos en el tema, el demócrata John Tierney. Es más, exhorta, supondría que los militares patrocinaban de ese modo a los mismos insurrectos con los cuales deberían luchar.
