Rue89
Traducido del francés para Rebelión por Rocío Anguiano
El 27 de mayo, Anand Grover, relator especial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentaba en Ginebra los resultados de su misión del pasado mes de noviembre en Fukushima. Por una vez y sin que sirva de precedente, las Naciones Unidas han hecho su trabajo: proteger. O, al menos, mostrar la firme intención de hacerlo. Estas son las conclusiones de ese
informe [PDF] abrumador para el gobierno japonés.
En él, Anand Grover constata la amplitud de la catástrofe: la cantidad de cesio expulsada tras el accidente nuclear de Fukushima es 168 veces más importante que la liberada en el bombardeo atómico de Hiroshima. Eso sin mencionar el telurio, el lantano, la plata y el bario.
El relator señala también el hecho de que en Fukushima ya no se pueden aplicar los mismos métodos que se usaron en Chernóbil para encubrir la realidad, especialmente en lo que respecta a los efectos sobre la salud identificados desde entonces (aberraciones cromosómicas, aumento de la morbidez infantil, aumento del número de leucemias).
Según Anand Grover, no es posible ignorar los estudios científicos que demuestran la relación entre la exposición prolongada a dosis bajas y el desarrollo de cánceres.
El informe critica la falta de distribución efectiva a la población de tabletas de yodo. Y cuestiona el sistema de protección sanitaria de los trabajadores: el acceso a los reconocimientos médicos no es sistemático (en contra de lo que prevé la ley) y no se informa de los resultados a las autoridades; además, la mano de obra empleada por los subcontratistas, mayoritaria, no tiene acceso a esos reconocimientos.
Un derecho a la salud que no se ha respetado
Por lo que se refiere a las zonas, Anand Grover recuerda que en Chernóbil en 1991, el límite máximo admisible para que se pudiera volver a vivir y a trabajar en las zonas contaminadas se situó en 1 mSv (miliSievert) al año. En Fukushima ese límite es de 20 mSv al año, sin contar que entre 20 y 50 mSv, la población puede acceder libremente a las zonas contaminadas durante el día.
El relator critica que las autoridades japonesas recurran al análisis «costes-beneficios», ya que ese análisis no respeta el derecho de los individuos a la salud. Según Grover, el interés colectivo no puede primar sobre el derecho individual, especialmente en el caso del derecho a la salud. También le pide al gobierno japonés que establezca su límite de autorización para regresar, y su límite de indemnización y de derecho a la protección sanitaria gratuita, en 1 mSv anual.
En el ámbito educativo, Anand Grover pide al gobierno japonés que deje de explicarles a los niños japoneses en sus libros escolares que por debajo de 100 mSv al año las radiaciones son inofensivas para la salud.
En cuanto a la descontaminación, el informe lamenta que no se haya fijado un calendario más allá de 2013, que tenga en perspectiva regresar a niveles inferiores a 1 mSv.
Bolsas de desechos con tierra contaminada depositados en los bordes de la carretera sin ninguna indicación, a 10 km de la central en noviembre de 2012 (Thierry Ribault).
Además, no basta con limpiar los patios de los colegios: es preciso descontaminar de manera mucho más extensa, atendiendo de forma especial a los «puntos críticos» que pueden existir en zonas por debajo de 20 mSv donde la población vive de nuevo ahora. Por último, critica el hecho de haber implicado a la población, sin equipamiento y sin información, en la descontaminación.
El relator critica también la financiación por parte del Estado (es decir de los contribuyentes) de los daños causados por Tepco (110 mil millones de euros señalados a finales de 2012).
El contrainforme del gobierno japonés
El gobierno japonés ha dado a conocer, en un
contrainforme [PDF] hecho público el 27 de mayo en Ginebra, en la misma conferencia, su total disconformidad con las conclusiones del informe Grover.
Las «bases científicas» del informe Grover serían, según las autoridades japonesas, inexistentes. Aquí, por «bases científicas» es preciso entender las de los expertos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), del UNSCEAR (Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas), de la CIPR (Comisión Internacional de Protección Radiológica) y de la AIEA (Agencia Internacional de la Energía Atómica). Para las autoridades, al margen de esas «bases», no se puede establecer ninguna certeza.
El UNSCEAR, esa agencia de la ONU que se ocupa de evaluar las consecuencias sanitarias de la catástrofe de Fukushima, consignó menos de 50 muertes inmediatas debidas a las radiaciones y menos de 15 muertes relacionadas con el cáncer de tiroides en Chernóbil y ahora prevé «cero muertes», tanto a corto como a largo plazo, en Fukushima.
No «alarmar a los ciudadanos»
El gobierno japonés considera que los llamamientos de Anand Grover a una mejor protección sanitaria de la población están totalmente fuera de lugar y son superfluos en la medida en que nada prueba «científicamente» que las poblaciones afectadas necesiten realmente más protección que la que ya se les ha proporcionado:
«El gobierno seguirá trabajando en adoptar medidas que permitan dar el apoyo necesario a las personas que realmente lo necesiten».
Así, cuando el relator Grover recomienda «que no se limiten los controles sanitarios infantiles a un simple examen del tiroides y ampliarlos al conjunto de posibles efectos sanitarios, especialmente a través de análisis de orina y de sangre», la respuesta del gobierno japonés, que exige que se eliminen esas líneas, es la siguiente:
«La decisión de intervenir debe fundamentarse científica y éticamente. ¿Por qué se requieren exámenes de sangre y de orina? ¿Sobre la base de la posibilidad de qué tipo de trastornos se justifican? La idea es inaceptable porque no debemos en ningún caso alarmar a los ciudadanos obligándoles a pasar exámenes médicos injustificados. […] No deben imponerse a los habitantes locales pruebas de detección porque representan una carga inútil».
«Controversia sobre el nivel de radiación que afecta a la salud»
A la demanda del relator especial de aplicar «la ley para la protección de las víctimas del accidente nuclear aprobada en junio de 2012 y de proveer los fondos necesarios para el realojo, el hábitat, el empleo, la educación y otras necesidades básicas de los que decidieron irse, permanecer o regresar a cualquier zona donde el nivel de radiación sobrepase 1 mSv al año», el gobierno japonés responde:
«La frase anteriormente citada debe ser eliminada porque se basa en prejuicios. Como ya señalamos, existe una controversia internacional sobre el nivel de radiación que afecta a la salud y este tema todavía se está investigando».
Respecto a los residuos producidos por la descontaminación, las autoridades japonesas no dudan en mentir abiertamente:
«En el proceso de almacenamiento de la tierra retirada, se toman medidas para prevenir el impacto sobre la salud humana, como la colocación de plásticos protectores. La descripción del informe Grover en la que se señala que “los residuos representan un riesgo sanitario para los habitantes” tampoco está fundada».
Fiel a sí mismo, el gobierno japonés reescribe la historia. Sin duda, contará con el apoyo del presidente de la República Francesa, los siete ministros, los parlamentarios y la delegación de empresarios que visitarán Japón del 6 al 8 de junio. La entrega de diez toneladas de MOX que salieron de La Hague (2), el pasado 17 de abril, seguro que también cuenta.
Nota de la traductora:
(1) En el cabo de La Hague, en la región de Normandía (Francia), se encuentra el centro COGEMA, una planta de reprocesamiento de combustible nuclear, que actualmente cuenta con capacidad para tratar la mitad del combustible nuclear para reactores de agua ligera gastado en el mundo.
Thierry Ribault es economista del Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS: Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.
rCR
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