La nueva Administración estadounidense ha aportado a lo largo de la semana nuevas y estremecedoras pruebas sobre los abusos cometidos durante el Gobierno de George W. Bush en nombre de la lucha contra el terrorismo, que han incrementado la presión a favor de la creación de una comisión de la verdad que juzgue la era Bush. Aunque Barack Obama no es partidario de la idea y es muy difícil aún que ésta acabe cuajando, el presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, el demócrata de Vermont Patrick Leahy, ha advertido en su última intervención sobre el asunto que "no se puede pasar página sin haberla leído antes", y que su intención es establecer una comisión independiente que investigue las torturas y cárceles de la CIA y las escuchas ilegales de la Agencia de Seguridad Nacional.
Algunos de los últimos informes resultan tan contundentes que un editorial de The Washington Post bajo el revelador título de "El Departamento de Justicia de Mad Max: El aterrador pensamiento pos 11-S del equipo legal de Bush", los exponía así: imagínense un lugar donde los soldados pueden derribar puertas sin órdenes de registro y donde los ciudadanos pueden ser encerrados indefinidamente sin juicio. Imagínense que el líder de ese lugar tiene el poder de silenciar a los disidentes y a la prensa. Imagínense aún más: que ese hombre puede de forma unilateral romper y obviar cualquier tratado que no le guste y que a ese hombre, además, sus más cercanos consejeros le han dicho que tiene a la ley de su parte para hacer tal cosa. Bien, pues no se trata de un país sin ley del Tercer Mundo, sino de Estados Unidos.
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