Cuando un Estado acepta la presencia de bases estadounidenses en su territorio, acepta de hecho el actuar como punto de partida de acciones militares, ya sean invasiones, ataques aéreos u operaciones encubiertas. Irak, por ejemplo, fue bombardeado durante más de una década desde lugares tan distantes entre sí como Okinawa, Diego García, Turquía, Italia y Alemania. Los cultivos de los cocaleros colombianos son fumigados con aviones que despegan desde Ecuador. Somalia fue bombardeada recientemente desde Djibouti y, muy probablemente, desde Diego García. Alemania se opuso oficialmente a la guerra de Irak en 2003, pero eso no evitó que el país se utilizara como base para el traslado de un gran número de soldados estadounidenses, material y equipos militares. En 1986, en Gran Bretaña hubo protestas contra el bombardeo de Libia desde bases británicas; no sólo por la acción bélica en sí, sino porque ésta no se notificó de antemano a los políticos británicos. Y los Estados Unidos, que mantienen un arsenal nuclear secreto en seis bases europeas, siguen gozando del derecho a lanzar estas armas sin consultarlo previamente con los gobiernos de acogida. Los detractores de las bases estadounidenses sostienen que el uso del territorio de otro país como plataforma de lanzamiento de operaciones militares los hace vulnerables a ataques en respuesta a actos de los que no son directamente responsables, ni sobre los que los ciudadanos pueden opinar. Al Qaeda inició su andadura como campaña contra del estacionamiento de tropas estadounidenses en las bases de Arabia Saudí. Y los activistas contra las bases de Okinawa afirman que, a pesar de la oposición de gran parte de la población a las políticas estadounidenses en materia de armas nucleares y “guerra contra el terrorismo”, la presencia de esas enormes bases en la zona convierte a la isla en posible objetivo de ataques nucleares o atentados terroristas. En colonias estadounidenses como Vieques y Guam, la decisión de utilizar sus territorios con fines militares ha generado conflictos entre los defensores de la soberanía local y los partidarios de la soberanía nacional. Las autoridades locales y los ciudadanos son contrarios a las bases porque éstas traen consigo la destrucción de los recursos y las culturas locales, pero el Gobierno federal y el ejército de los Estados Unidos se imponen sobre ellos. En lugares como Okinawa, el Gobierno central japonés ha recurrido a presiones políticas y amenazas económicas para evitar que los representantes electos locales mantengan su resistencia a la presencia militar estadounidense.
Tras¡nsnational Institute
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