* Carlos Sersale di Cerisano, Embajador de la República Argentina en Sudáfrica desde enero de 2006. Es economista egresado de la Universidad de Buenos Aires y posee un MIA de la Universidad de Columbia de Nueva York. El Embajador di Cerisano es diplomático de carrera con más de 30 años de trayectoria y experiencia multilateral en las áreas de cooperación y desarrollo, así como en las económicas, sociales, humanitarias y ambientales.
La República Argentina se ve una vez más en la obligación de alertar a la comunidad internacional, a través de los órganos principales de Naciones Unidas, el incremento de la militarización de la zona aledaña a las Islas Malvinas, Islas Georgias y Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes, que son parte del territorio nacional argentino y que al estar ocupados ilegalmente por el Reino Unido, están sujetos a una disputa de soberanía la cuál es reconocida por Naciones Unidas.
El gobierno argentino ha marcado en reiteradas ocasiones que la creciente militarización de la zona en conflicto por parte del Reino Unido es contraria a la búsqueda de una solución pacífica a la controversia, y constituye una afrenta a toda la región, creando un clima de tensión innecesario en el Atlántico Sur.
La preocupación del gobierno argentino ha ido en aumento debido a las declaraciones realizadas y a las decisiones tomadas por el gobierno británico, que son de naturaleza claramente provocativas y que han generado una situación tal en el Atlántico Sur que no es deseada ni por Argentina ni por la región.
Cuando el pasado 18 de enero, el Primer Ministro Británico David Cameron dirigiéndose al Parlamento de su país se refirió a las fuerzas militares de las islas, al hecho de que había convocado al Comité Nacional de Seguridad para tratar el tema, tales declaraciones no pueden interpretarse de otra forma que no sea la provocación.
Nick Harvey, el Ministro de Estado para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa quien se dirigió al Parlamento el 16 de enero de este año, también vertió declaraciones haciendo alarde de que la base militar de las Islas Malvinas contaba con recursos militares más que considerables para mar, tierra y aire y que estos podían incrementarse en caso de ser necesario. El 15 de enero de 2012, el Canciller británico William Hague se expresó con esa misma animosidad cuando se refirió a las recientes remodelaciones a las que había sido sometido el aeropuerto militar de las islas. El 1 de febrero de 2012, Julien Brazier, miembro del Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes, calificó al reciente despliegue militar británico como un mensaje "muy oportuno y poderoso" para la Argentina.
La Argentina cuenta con información suficiente para concluir que el despliegue militar británico en el Atlántico Sur bien puede incluir el envío de un submarino nuclear con capacidad para transportar armamento nuclear. Tanto Argentina como otros países de la región, por pedido expreso de Argentina, han requerido información al Reino Unido al respecto, sin embargo, este se ha negado a brindar cualquier tipo de información que confirme o niegue el hecho, lo que no es visto con buenos ojos por parte de los países con los que el Reino Unido busca mantener buenas relaciones diplomáticas. Esta situación fue denunciada por el Ministro de Relaciones Exteriores argentino Sr. Héctor Timmerman ante las Naciones Unidas en el mes de febrero y más recientemente ante la Cumbre Presidencial de Seguridad Nuclear realizada en Seúl, el 27 de febrero de este año.
En el año 2003, como consecuencia de publicaciones hechas en la prensa de ciertos informes, el Reino Unido tuvo que admitir que había mandado secretamente navíos al Atlántico Sur que portaban armamento nuclear y que tuvieron lugar ciertos incidentes durante el manejo de tan delicada carga. La República Argentina denunció este hecho ante Naciones Unidas.
La introducción de armamento nuclear en las aguas del Atlántico Sur constituye una violación al Tratado de Tlatelolco del que Gran Bretaña forma parte. El propósito de este tratado es la desnuclearización militar de América Latina, todos los países Latinoamericanos han renunciado a poseer armas de destrucción masiva.
Esto convierte a la zona en disputa en un enclave importantísimo dentro del esquema estratégico global del Reino Unido, permitiéndole concentrar un enorme poderío militar y convirtiéndose en la única Potencia con presencia Nuclear en la región, por lo que puede concluirse que la defensa infundada por parte del Reino Unido de la autodeterminación de los 2500 isleños que residen en la zona constituye un mero pretexto para establecer una poderosa base militar que sirva a los intereses estratégicos que el Reino Unido tenga en el Atlántico Sur así como en los océanos Antártico, Pacífico e Índico.
La tensión generada por los eventos anteriormente descriptos se ha visto aumentada por la reciente visita a las Islas Malvinas del Príncipe Williams, segundo en la línea de sucesión al trono británico, en su condición de oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas Británicas, para realizar ejercicios aeronavales. Además de las implicancias políticas de esta decisión, otro hecho que suma gravedad a la situación, es el envío de un destructor de misiles de última generación similar al que fuera enviado recientemente por el Reino Unido al Golfo Pérsico, una zona altamente volátil, que en nada puede compararse con la realidad del Atlántico Sur.
Estamos presenciando una nueva fase de incremento de presencia militar del gobierno británico en la zona de conflicto. En 2004, el Reino Unido introdujo mejoras en la base militar de las Islas Malvinas ampliando su ámbito de operaciones a áreas que van más allá de la zona de conflicto. En 2010, la República Argentina presentó una queja ante la Organización Marítima Internacional en la que denunció ejercicios misilísticos llevados a cabo por Gran Bretaña en zonas marítimas cercanas a las Islas Malvinas, lo que puso en peligro la seguridad de navegación en la sección Sur-Oeste del Atlántico.
Al mismo tiempo, la presentación de la nueva Revisión de la Seguridad y la Defensa Estratégica Británica en Octubre de 2010 hace mención al verdadero objetivo estratégico de la base militar establecida en las Islas Malvinas: convertirse en un centro de apoyo para el despliegue militar británico a escala global. Demás está aclarar que este objetivo es totalmente ajeno a los intereses de la región.
La escalada militar británica no solo preocupa a la Argentina, sino a todos los países de la región e incluso a los que están fuera de la misma. En las Cumbres Ibero-Americanas que se celebraron en diciembre de 2010 y en octubre de 2011; así como en la reunión de la UNASUR que se realizó en octubre de 2011, los países participantes se unieron a Argentina en el rechazo al despliegue militar británico en la zona mencionada.
Tal situación se enmarca en un contexto caracterizado por el constante rechazo por parte del Reino Unido de retomar las negociaciones, a pesar del carácter de urgencia que Naciones Unidas le imprimió a tal petición y de las medidas unilaterales e ilegales que los británicos fueron realizando que implican la exploración y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables dentro de la zona en conflicto. Tal accionar es claramente violatorio a lo dispuesto en la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que requiere que ambos países se abstengan de tomar decisiones que pudieran implicar la introducción de modificaciones unilaterales a la situación de las islas hasta tanto no se resuelva el reclamo de soberanía.
Las exploraciones de hidrocarburos que el Reino Unido ha llevado a cabo ilegalmente - y que desde 2010 ha ido incrementado - en aguas adyacentes a las Islas Malvinas, no solo constituyen una contravención a la ya mencionada resolución 31/49, sino que se están realizando bajo las difíciles condiciones que ofrece el océano Atlántico y en un ambiente que hasta el momento permanecía libre de toda contaminación. Estas actividades también son objeto de preocupación para la Argentina ya que conllevan un riesgo ambiental serio, que podría terminar en un desastre ecológico como el ocurrido recientemente en el Golfo de Méjico.
Tales actividades de índole ilegal, fueron rechazadas de plano por el MERCOSUR y sus Estados miembros, por la UNASUR y por la CELAC. Con el objetivo de evitar situaciones de este tipo, tanto los países integrantes del MERCOSUR como los de la UNASUR se comprometieron en informar a la República Argentina el movimiento de barcos con cargamentos relacionados a la exploración y o explotación de hidrocarburos en la zona de conflicto. La última declaración ministerial por parte del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la UNASUR fue adoptada en Paraguay, el 17 de marzo de 2012.
A nivel inter-regional, en lo que respecta a los países de Sudamérica y a los del África sub-sahariana, hay dos declaraciones de importancia que fueron aprobadas, una durante la Declaración Final en Luanda en el marco del 6to. Encuentro de los Estados Miembros de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (2007) y la otra, en el marco de la Declaración de Nueva Esparta, en Isla Margarita, Venezuela, durante la 2da. Cumbre Afro-Sudamericana (26-27 de septiembre de 2009). Ambos documentos llaman al gobierno británico y al gobierno argentino a reanudar las negociaciones "para encontrar tan pronto como sea posible, una solución pacífica, justa y duradera al conflicto en cuestión".
En virtud de lo expuesto anteriormente, la conducta del Reino Unido en relación a la disputa por la soberanía es incompatible con sus obligaciones en calidad de Estado Miembro de Naciones Unidas en lo relativo a las disposiciones de la Carta inherentes a la búsqueda de soluciones pacíficas ante controversias internacionales, hecho que reviste mayor gravedad aún, si tenemos en consideración que el Reino Unido es uno de los Estados Miembro Permanentes del Consejo de Seguridad, ente que se ocupa de velar por la seguridad y la paz internacional.
Y más grave todavía, es que en momentos en que el mundo está debatiendo sobre la necesidad de controlar el tema nuclear, haya un Estado Miembro Permanente del Consejo de Seguridad que esté enviando un mensaje contradictorio. La escalada militar británica en las Islas Malvinas no contribuye en absoluto a la paz y la seguridad del Atlántico Sur en particular, ni a la del mundo en general. No existen dudas de que lo que está en juego es la explotación de los recursos naturales: el petróleo, lo minerales y los recursos ictícolas.
En el caso del petróleo, se estima que las cuencas que se encuentran en las inmediaciones de las islas contienen 12 billones de barriles de reservas. Las compañías que operan ilegalmente en la zona estiman extraer petróleo para 2016, lo que eventualmente generaría U$S 177 billones en impuestos y un ingreso para los habitantes británicos de las islas de U$S 3,2 millones por año (sin tener que hacer ninguna inversión) (Dominic O´Connell, The Times, Inglaterra, 22 de Febrero de 2012)
Teniendo en cuenta todo esto, el gobierno Argentino ha denunciado la exploración de hidrocarburos y las actividades de explotación como ilegales, en consecuencia, tomará acciones legales contra las compañías que estén directa o indirectamente involucradas con la industria del petróleo en la zona de la plataforma continental próxima a las Islas Malvinas.
Con respecto al desarrollo de la actividad pesquera ilegal por parte de los británicos, la situación también es grave, ya que unilateralmente el Reino Unido ha decidido administrar y otorgar derechos de pesca a terceros intervinientes por periodos de duración de hasta 25 años lo que se transforma en un fait accompli, que una vez más deja al descubierto la negativa británica de resolver la disputa a través de las negociaciones bilaterales. Se estima que la pesca ilegal en esta zona le genera U$S 1,600 billones a las compañías que tienen licencia y U$S 200 millones a los habitantes de las Islas Malvinas.
Dado el siguiente contexto, y luego de 179 años de ocupación ilegal de lo que conforma una parte del territorio de la República Argentina, ha llegado el momento de encontrar una solución justa, definitiva, y equitativa al reclamo de soberanía de uno de los 16 territorios no-autónomos que todavía están a la espera de ser descolonizados, según la resolución 2065 de Naciones Unidas, y de esta manera hacer cumplir el mandato de la ONU, tal como fuera acordado luego de la Segunda Guerra Mundial.
Como muestra de nuestro compromiso con la causa, la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner participará de la próxima sesión del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, donde se pondrá a consideración el tema Malvinas. Durante esa reunión del Comité, la Presidenta reiterará nuestra voluntad de retomar las negociaciones largamente postergadas, con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la disputa por la soberanía. Esta es la intención del gobierno democrático de la Argentina, que continuará en la búsqueda del ejercicio pleno de la soberanía teniendo en cuenta el estilo de vida y los intereses de los habitantes de las islas de acuerdo con los principios de la Ley Internacional.
. Este texto es un extracto de "Colonialismo en el Siglo XXI: la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas", artículo publicado en junio de 2012 en la revista sudafricana The Thinker.
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