Periodismo de opinión en Reggio’s
OPINIÓN: CANELA FINA
Lo primero que hizo David Cameron al llegar a Downing Street fue suprimir los automóviles individuales oficiales, incluso para los ministros. Algunos esperaban que Rajoy hiciera lo mismo pero el presidente ha preferido aumentar el IVA a la cultura antes que exigir de la clase política una discreta austeridad.
Tal vez a nuestro compañero Gonzalo Suárez se le ocurra hacer un reportaje de investigación contándonos de cuántos automóviles disponen los políticos, de cuántos choferes, cuántos escoltas, cuántos gastos de gasolina, de reparaciones, de mantenimiento, de seguros, de amortización, debemos pagar entre todos los españoles, teniendo en cuenta, además, que los coches de los partidos políticos y los sindicatos son de hecho oficiales, puesto que el 90% de lo que gastan esas instituciones proviene de subvenciones directas o indirectas del Estado.
A pesar de la opacidad de las informaciones, a pesar de las veladuras que la clase política y la casta sindical han extendido sobre los automóviles oficiales, se puede afirmar que los coches de las cuatro Administraciones -la central, la autonómica, la provincial y la municipal- sumados a los de las empresas públicas, partidos políticos y sindicatos, superan la cifra escandalosa de 50.000. Pagan, pagan los ciudadanos, sangrados por unos impuestos casi confiscatorios, pero los políticos continúan desplazándose en automóviles que despilfarran el dinero de todos. No ya los ministros y secretarios de Estado, incluso concejales de pueblos de pocos miles de habitantes se han adjudicado coches oficiales para su disfrute particular. Los diez consejeros del gobierno anterior de Aragón disponían de 75 automóviles. Feijóo se encontró al arribar a la silla curul de Galicia que su antecesor se adornaba con tres coches blindados a 500.000 euros la pieza. La presidenta Cospedal se vio obligada a hacer una subasta de los automóviles acumulados por la Junta socialista porque no cabían ya en los garajes de la Comunidad. Soledad Becerril acaba de reducir, de 6 a 3, el número de coches del Defensor del Pueblo. ¿Y por qué todavía 3? ¿Por qué no reducirlos a cero?
A nadie se escapa que el gasto desmesurado de la orgía de automóviles oficiales se multiplica si a él se suma la gasolina, el mantenimiento, el seguro y las reparaciones. El ciudadano medio tiene conciencia de los abusos de infinidad de talleres cuando a ellos se acude para arreglar una avería. La vigilancia del particular es grande para evitar que le timen. Y aún así los abusos se producen. ¿Nos hacemos una idea de lo que facturarán ciertos talleres por la reparación de los coches oficiales?
Y falta aún por sumar otro capítulo: los choferes. ¿Cuántos millares de conductores atienden a los más de 50.0000 coches oficiales, de las cuatro Administraciones, las empresas públicas, los sindicatos y los partidos políticos? ¿Qué le cuesta al contribuyente atender los sueldos, las vacaciones, las enfermedades, los trienios, los moscosos, los puentes y las jubilaciones de esos millares de choferes?
Mientras el primer ministro Cameron suprime los automóviles oficiales para todos los cargos, el SUP ha denunciado que cada ministro español dispone hasta de cinco vehículos de alta cilindrada y blindados. Solo la Administración Central pagará este año 1,5 millones de euros por la gasolina necesaria para atender a los coches de los ministros y altos cargos de Mariano Rajoy. El escándalo es mayúsculo pero la clase política lo pasa por alto escondiendo la cabeza como el avestruz. El think tank que asesora a Rajoy debería reflexionar que determinados recortes sociales solo son soportables para la opinión pública si se pone coto a los abusos de la clase política. El ejemplo de Cameron debería ser imitado. Y que se terminen las caravanas de automóviles, choferes y gastos que hoy escandalizan al ciudadano medio, desangrado por los impuestos e impotente para desembarazarse de tanto abuso, tanto cinismo y tanta tropelía.
Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.
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