MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2011 10:01
“Defensa se convierte en la única actividad de gasto público que incide y promueve directamente el desarrollo de tecnologías”. “No hay una sola tecnología militar que no tenga aplicación en el mercado civil”
El Ministerio de Defensa ha pasado en los últimos quince años de abordar el mayor programa de modernización de su historia a casi una quiebra del sistema- ¿Cómo se explican estos extremos?
En primer lugar, hay que señalar que la modernización de la Defensa es un proceso continuado y que no es del todo cierto que entre 1996 y 2006 se abordara el mayor programa de modernización. Si recordamos las adquisiciones de los años setenta y ochenta, nos daremos cuenta que más bien se trata de un proceso sin solución de continuidad. En 1993 se derogó la Ley de Dotaciones Presupuestarias para las Fuerzas Armadas, que garantizaba un suelo de gasto del 2 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) y desde entonces el presupuesto de Defensa se ha venido reduciendo, a pesar de continuar el esfuerzo inversor. Esta es una primera causa de la quiebra. Sin embargo, al crecer la economía entre 1996 y 2004 cerca de un 50 por ciento en términos absolutos, fue posible iniciar un proceso de esta envergadura. La reducción dramática de los presupuestos desde 2008 y el impago de las deudas contraídas han llevado a esta situación de quiebra técnica, que puede ser permanente si no se arbitran desde ya las medidas necesarias.
El gobierno de Aznar inició un ambicioso programa de modernización con la ayuda financiera del Ministerio de Industria. ¿Qué valoración puede hacerse ahora de estos programas y de su proceso de financiación?
Hasta la reforma de la contratación publica de 1996, el Ministerio de Defensa financiaba a sus proveedores y terminaba de pagar el equipo que compraba cuando era entregado. Esto equivalía a pagar una vivienda al contado en lugar de apalancarse durante la vida útil de la misma. En 1996, el Gobierno tenía que tomar la decisión de cancelar el programa EF-2000, iniciado por el gobierno de Felipe González, después de haber gastado más de 3.000 millones de euros y, además, se encontró con un MoU (Memorando of Unterstanding) firmado con el alemán para adquirir 200 carros de combate Leopard.
El Gobierno entendió que, dado el importante impacto industrial de dichos programas, el Ministerio de Industria podría ayudar en la financiación de las tecnologías y prototipos necesarios, como lo hace en otros sectores de la actividad privada. Además, conviene recordar que, en 1996, las industrias de defensa le costaban al erario público 300 millones de euros anuales y algunas perdían más de lo que producían. Hay que tener en cuenta, asimismo, que los primeros programas tenían un índice de prefinanciacion del Ministerio de Industria equivalente al coste del desarrollo tecnológico, o sea, aproximadamente un 55 por ciento del valor del programa, y que había diez años para pagarlos por delante. El crecimiento de la economía permitía entonces que, con sólo mantener el esfuerzo en defensa, dichos programas podían pagarse.
Sin duda, el programa ha resultado tremendamente exitoso desde el punto de vista de la operatividad de las Fuerzas Armadas, para nuestra seguridad y también desde el lado del desarrollo tecnológico. Las principales exportaciones de nuestra industria en los últimos diez años se han basado en dichos proyectos, significando casi 5.000 millones de euros. En conclusión, creo que el balance no puede ser más positivo.
Entonces, en su opinión ¿en qué momento y cómo se pervierte el proceso?
La desnaturalización del sistema se produce cuando se utiliza como una vía alternativa de financiación a la ordinaria del presupuesto. El caso más evidente radica en la adquisición con créditos del Ministerio de Industria de aviones apagafuegos que ya estaban construidos en el momento de firmarse el contrato y que se entregaron de forma inmediata. En los últimos proyectos realizados desde 2005, el porcentaje de prefinanciación de dichos programas llegó al 100 por ciento; o sea, que ni tecnología, ni desarrollo industrial, se ha tratado simplemente de pasar la obligación de pago a los siguientes años y, a ser posible, con otro Gobierno, que ahora tendrá que buscar una solución financiera para pagar lo que no se hizo en estos ocho años.
¿Cree, como afirma el secretario de Estado de Defensa, que fue una irresponsabilidad firmar esos contratos para adquirir sistemas que no se van a usar?
La irresponsabilidad es no pagar los contratos firmados por un Gobierno anterior; lo es continuar gastando los recursos que deberían estar destinados a pagar los contratos y, a la vez, aparecer como paladines de la reducción del gasto en Defensa, buscando fórmulas para legar los pagos a las futuras generaciones. En cualquier caso, hay que alegrarse de que los sistemas adquiridos no se usen, porque ese es principalmente su objetivo, su capacidad de disuasión, no el empleo.
¿Cuál es el diagnóstico actual de la industria española de Defensa en el contexto de la actual crisis económica?
Se trata de un sector que incrementó en diez años su facturación en un 100 por ciento; luego, en dos años lo ha visto reducirse en un 50 por ciento. Un sector que apenas exporta el 10 por ciento de su facturación y que ve una continuada disminución hasta el ridículo de los fondos para nuevos desarrollos por parte de la Administración. No se ha producido un proceso de consolidación, como, por ejemplo, ha ocurrido en Italia, y tiene en serio peligro a empresas claves para el desarrollo del país, como Navantia. España lleva produciendo material militar desde el siglo XV con continuidad y, a comienzos del siglo pasado, lideraba áreas tecnológicas de enorme interés en Europa. Ahora busca cómo sobrevivir, en la esperanza de que alguien haga algo para revertir una situación que puede llevarle a su casi desaparición en apenas cuatro años.
¿Cuáles deberían ser las principales líneas del nuevo Gobierno en política de defensa y, en particular, en la gestión de los recursos y política industrial?
Planificación real y vinculante, transparencia, valentía en la adopción de medidas de racionalización y una apuesta por contener primero la reducción del gasto en defensa y luego fortalecerlo, cuando las circunstancias económicas lo permitan. Además, debe gastar en defensa, que es una de las escasas políticas que competen en exclusiva al Gobierno central y refuerza la imagen de unidad del país.
Parece que se acaba un ciclo de Gobierno socialista en España. ¿Qué balance puede hacerse de estos ocho años?
En un periodo tan largo siempre hay luces y sombras. Sin embargo, estas últimas pesan mucho más. La política de defensa de estos años se ha proyectado mal entre nuestros aliados: cancelación de contratos de colaboración firmados con el Gobierno democrático del presidente Uribe y venta de equipamiento militar de última generación al de Chávez, enfrentándonos con Estados Unidos; pago de rescates a terroristas; y falta de comunicación en nuestra salida de misiones internacionales han sido algunos hechos muy negativos. Han sido ocho años destinados a desmontar toda la política de seguridad y defensa del Gobierno del Partido Popular, sin limitaciones ni prejuicios. Defensa ha tenido en estos ocho años tres ministros de postín, de los que cabría haber esperado mayor peso en el Gobierno para impulsar las políticas de seguridad y defensa, pero nos hemos quedado en los fuegos de artificio. La mejora retributiva que hizo el ministro Bono se la llevó la crisis de un plumazo.
España continúa siendo el país que menos gasta en defensa de la Alianza Atlántica, pero a la vez está presente en numerosas misiones internacionales. ¿Cómo es esto posible?
Porque tenemos un Ministerio que está volcado casi en su totalidad en las misiones internacionales, absorbiendo gran parte de los recursos humanos y materiales de las Fuerzas Armadas; y, además, España gasta unos 850 millones de euros al año adicionales para estas operaciones, lo que supone una cantidad exorbitante si la comparamos con el presupuesto de gastos corrientes de todas las Fuerzas Armadas. Se han asumido compromisos internaciones a costa de “desabastecer” recursos a nivel nacional y, además, sin dotar adecuadamente a las fuerzas desplegadas.
¿Cree que el nuevo Gobierno incrementará el gasto en defensa para alcanzar la media de los países europeos?
A corto plazo obviamente no, porque hay otras prioridades en el país. Sin embargo, debería mantenerse para los próximos años el nivel de gasto real sobre el PIB de 2011, permitiendo que el crecimiento de la economía se pueda trasladar al campo de la defensa en los próximos años. En cualquier caso, del Ministerio de Defensa dependen más de 250.000 familias y unos 50.000 empleos en la industria, precisamente en la de mayor contenido tecnológico. A futuro, no podemos seguir siendo pasajeros sin billete en el autobús de la seguridad colectiva occidental.
El mapa de las amenazas para España ha cambiado en los últimos años. La dependencia energética y las revoluciones en el mundo árabe ¿afectarán a nuestra seguridad en el futuro?
Creo que ya están afectando de forma muy notable. El nuevo Gobierno deberá prestar atención a lo que está ocurriendo entre nuestros vecinos del Sur y al nuevo escenario estratégico que se abre tras la caída de Gadafi. La integración regional sin duda debe ser el principal arma, pero, ante la evolución que pueden tomar los acontecimientos en el futuro, hay que estar especialmente vigilantes.
¿En qué medida la inversión en defensa puede ser un motor de crecimiento económico en España, precisamente en estos graves momentos económicos?
En plena crisis de la deuda, hablar de incrementar el gasto público es casi un anatema y así debe ser; sin embargo. La Administración gasta el 46 por ciento del Producto Interior Bruto, o sea, que tiene una extensísima actividad de gasto. Bajo este marco, creo que es compatible rebajar el peso del Estado en la economía y, a la vez, impulsar políticas de inversión publica en sectores estratégicos. En el caso específico de la defensa, los análisis que el actual equipo del Ministerio ha realizado son muy evidentes en cuanto al efecto multiplicador de la inversión en éste área. Para un país con una industria en recesión y con un nivel tecnológico reducido en comparación a nuestros vecinos, defensa se convierte en la única actividad de gasto público que incide y promueve directamente el desarrollo de tecnologías. Y no hay una sola tecnología militar que no tenga aplicación en el mercado civil.
Baste un ejemplo: casi el 50 por ciento de la ingeniería naval española se encuentra en Navantia y hoy podemos estar a un paso de su desaparición. ¿Puede esto permitírselo un país con la tradición naval y el peso económico de España? Invertir, a su vez, más en defensa supone mayor seguridad y un papel protagonista en la vida internacional y estos son factores de claro desarrollo económico. Esto no representa entrar en un presupuesto militarista, que en realidad nunca existió en España, pero sí hacer una contribución positiva a una política de un impacto económico tan directo.
La deuda del Ministerio de Defensa por los denominados programas especiales asciende a 24.000 millones de euros, mientras que el presupuesto total de inversiones apenas llega a 1.000 millones. ¿Cómo se puede solucionar esa carga con estos niveles de gasto?
Hay que diseccionar el problema. En esta cantidad hay que considerar 14.000 millones que fueron anticipados por el Gobierno a las empresas para financiar los desarrollos tecnológicos e industriales de los programas; las deudas contraídas con las empresas por entregas realizadas y no abonadas, que en puridad es la auténtica deuda; y las entregas pendientes, que obviamente originarán los pagos en su momento. Los puntos más críticos son los dos últimos, ya que las empresas ya recibieron los pagos del Ministerio de Industria, es decir, no se ven afectadas por los retrasos en los calendarios de devoluciones a Industria. Estos dos casos de deuda actual y futura suponen unos 10.000 millones de euros, equivalente a un año de inversiones del Ministerio de Fomento en 2008 y podría buscarse un mecanismo de financiación de los mismos que permita continuar con el esfuerzo modernizador y afrontar las obligaciones contraídas, sin perjudicar en exceso a las variables macroeconómicas.
Después de haber trabajado más de 12 años en el Ministerio de Defensa, ¿cómo surge la idea de crear IC2 y cuales son sus principales líneas de actividad?
Enrique Navarro: Durante mi etapa en el Ministerio de Defensa tuve ocasión de trabajar en tres grandes ámbitos de actuación; el internacional, el sector de tecnologías y mercados públicos y en el proceso de una nueva delimitación del rol de los sectores público y privado en la contratación pública. IC2 se crea para trabajar en estos tres ámbitos, con una actuación internacional cuya actividad tiene mucho que ver con las estructuras de asociación público-privada en la gestión de servicios públicos. En la actualidad tiene tres líneas de actividad claramente definidas; logística de apoyo a organizaciones desplegadas en zonas de riesgo o alta complejidad, que se realiza desde IC2 Feeniks en Finlandia; tecnología del transporte público de superficie desde nuestras subsidiarias en Sao Paulo y Buenos Aires; y energía y medio ambiente desde IC2 Partners en Estados Unidos y desde la cabecera del grupo en Madrid. Hoy somos un grupo de 70 profesionales y esperamos alcanzar en 2012 las 120 personas.
Enrique Navarro, presidente de IC2 es un gran conocedor del gasto, inversión e industria de defensa, por su trayectoria en la Administración pública y en la privada, habiendo ocupado distintos puesto de responsabilidad en el Ministerio de Defensa bajos gobiernos del Partido Popular y del PSOE.
Eva Cervera
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