El pasado 23 de septiembre, durante la que tendría que haber sido una gran exhibición de cómo un drone podía colaborar con los SWAT de Texas, el helicóptero no pilotado encargado de la tarea se estrelló contra el furgón blindado perteneciente a esa unidad especializada en asaltos. Aunque el drone —como se denomina en inglés a los vehículos aéreos no tripulados— salió casi ileso, la que quedó más tocada fue la delicada fama que este tipo de artilugios acarrea.
En los últimos meses, Estados Unidos ha protagonizado un debate sobre su uso. Muchos cuestionan que las Fuerzas Armadas recurran a ellos durante conflictos como la guerra de Afganistán para realizar asesinatos selectivos. Otros tienen un nuevo motivo de preocupación: cómo se utilizan los drones dentro de su propio país.
Hasta febrero la Agencia Federal de Aviación (FAA) restringía el empleo de drones al uso militar, algo que cambió cuando el Senado de Estados Unidos sucumbió a la presión ejercida por los fabricantes de drones y las asociaciones que los representan y aprobó la Ley de Modernización y Mejora de la Seguridad de la FAA, la cual irá permitiendo de manera progresiva que los drones sean utilizados de manera comercial.
Así la ley amparará a todos aquellos que hasta ahora utilizaban de manera ilegal este tipo de aparatos para labores como controlar campos y ganado, detectar amenazas en grandes propiedades,conocer el alcance de incendios o de vertidos de petróleo, rodar tomas aéreas para películas o filmar anuncios para inmobiliarias de lujo. Uno de ellos era Daniel Gárate, un peruano afincado en Los Ángeles cuyo negocio se centra en usar un drone que sujeta una cámara con la que graba sofisticadas tomas aéreas a precio de saldo. Gárate, quien rechazó en 2011 filmar con uno de estos dispositivos la boda de Kim Kardashian, había visto cómo su trabajo se venía al suelo después de que la Policía de Los Ángeles alertase a varios de sus clientes que contratar a Gárate era ilegal, ya que violaba las normas de la FAA.
Pronto su negocio volverá a ser legal. Según la nueva ley, la FAA debe elaborar un plan de integración de los drones en la vida diaria y en el uso del espacio aéreo americano con el objetivo de que para septiembre de 2015 todo aquel que quiera utilizarlos pueda hacerlo de manera segura tanto para las aeronaves, como para la ciudadanía. «Quizá la FAA debería exigir una licencia de pilotaje para manejarlos, con una prueba de vuelo», sugirió Gárate al diario «The New York Times» como una de las posibles medidas para que ese plan haga posible que la cada vez mayor accesibilidad a los drones (los más baratos cuestan 300 dólares) no suponga un perjuicio para la seguridad pública.
La demolición de los diques que restringían el uso comercial de drones beneficia a algunos como Gárate, pero preocupa a otros como los integrantes de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), quienes argumentan que su generalización afectará a la libertad de los ciudadanos. La ACLU se preocupa por la frecuencia de accidentes que estos aparatos ocasionan y opina que con los drones se podrá ejercer un control y una vigilancia sin igual de la población. Jameel Jaffer, el director de ACLU, explicó en un informe que «no es que el uso de drones de vigilancia deba ser categóricamente prohibido, pero es crucial que establezcamos límites claros en su uso para recolectar información sobre los ciudadanos».
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