La Armada española se quedará sin portaaviones. El R-11 Príncipe de Asturias quedará amarrado de forma indefinida, y es más que probable que nunca vuelva a estar operativo. Defensa estudia deshacerse de él antes de que se convierta en chatarra, pero la búsqueda de un país comprador se antoja casi imposible.
Vender el Príncipe de Asturias antes de que sea demasiado tarde. Un objetivo que se plantea como la mejor opción de futuro en elevados círculos de la Armada, aunque no se confía en que la operación pueda llegar a concretarse.
De momento, los mandos consultados no tienen constancia del interés de ningún país por adquirir el único portaaviones de la Armada. El principal escollo es el amplio coste que supondrá la actualización del buque. “Al buque le quedan apenas cinco años de vida útil, pudiendo estirarlos otros cinco con las pertinentes modificaciones” aseguran estas fuentes.
En concreto, habría que acometer tareas de renovación de los sistemas de combate, denavegación, y de seguridad interior, además de los nuevos criterios de habitabilidad previstos en el programa Cavimar. En total, un importe superior a los “35 millones de euros” según calculan para ECD las fuentes consultadas.
Estas tareas, que deberían haberse iniciado hace años, han ido siendo relegadas en cada presupuesto hasta llegar a la situación actual. Sin dinero para actualizar el buque, el portaaviones quedará finalmente paralizado este verano. “A partir de septiembre, a mucho tardar, el Príncipe deAsturias no volverá a salir de puerto”.
Sentenciado desde hace años
Los planes de paralización del Príncipe de Asturias llevan años circulando por el Cuartel General de la Armada. El futuro del único portaaviones español “quedó sentenciado el día que la Defensa encargó el BPE Juan Carlos I”.
La primera idea del Gobierno era que ambos buques estuvieran operativos durante algunos años, para que “compartiesen doctrina” aunque el BPE “no sea una plataforma portaaviones” propiamente dicha.
Estos planes fueron definitivamente descartados durante la última legislatura de Carme Chacón, cuando la crisis económica comenzó a afectar gravemente al presupuesto anual de operatividad para la Armada.
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