ESTELA GIRALDO 22.06.2011 - 12:24h
La segunda Flotilla de la Libertad partirá en los próximos días rumbo a Gaza desde "algún puerto del Mar Mediterráneo". Estará integrada por más de 500 personas de 20 países que se subirán a una docena de barcos. El fin: romper el bloqueo que Israel mantiene sobre la Franja desde hace cuatro años.
En esta ocasión, 40 activistas de todas las Comunidades Autónomas irán a bordo de un barco español al que han llamado Gernika. Manuel Espinar, portavoz de la plataforma Rumbo a Gaza, ha dicho que "ahora que que hay aires de libertad en el mundo árabe, es hora de Palestina".
Irán cargados de ayuda humanitaria, principalmente material educativo y sanitario, que en el caso español se valora en unos 500.000 euros. "La sociedad civil hoy está representada en esta flotilla en la que participarán países europeos, además de Estados Unidos y Canada", ha apuntado Espinar.
Los integrantes de Rumbo a Gaza piden que no se vuelvan a repetir los "terribles sucesos" del año pasado, cuando Israel asaltó la anterior flotilla y mató a nueve personas. "Espero que nuestros gobiernos esta vez alcen la voz si atacan a sus ciudadanos", ha expresado su portavoz. Han dicho, además, que su resistencia será pacífica.
La Primera Flotilla de la Libertad estuvo integrada por seis barcos, entre ellos el Mavi Marmara, el buque turco que fue atacado. En la anterior expedición participaron más de 700 personas que transportaron 10.000 toneladas de ayuda humanitaria. Durante 48 horas casi la totalidad de los pasajeros fueron detenidos en cárceles israelíes.
El Ministerio de Exteriores del Gobierno español desaconseja sumarse a esta iniciativa por "razones políticas y por el riesgo que supone para los ciudadanos". Laura Arau, activista que participó también en la flotilla anterior, ha afirmado que ellos seguirán adelante porque es "una acción legal y moral" y no hacerlo sería "permitir el sufrimiento del pueblo palestino".
"Toda la gente que defienda los Derechos Humanos debe apoyar esta iniciativa ya que el embargo a Gaza es ilegal. Es la acción social lo que parará esto", ha concluido Espinar.
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