Pueblo en Línea,16/12/2011--Barack Obama ha abandonado el compromiso de vetar una nueva ley de seguridad, que permite a los militares detener indefinidamente sin juicio por terrorismo a estadounidenses sospechosos, arrestados en territorio de EEUU, y que podrían ser enviados a Guantánamo.
Grupos de derechos humanos acusaron al presidente de abandonar sus principios y pasar por encima del enraizado principio de impedir a los militares interferir en la política doméstica. La legislación también ha sido fuertemente criticada por los defensores de las libertades de la derecha, enojados por el despojo de los derechos individuales como parte de "una guerra que parece no tener fin".
El documento, contenido en el proyecto de ley de Autorización de Defensa, un elemento básico al que se adhieren los militares de EEUU, efectivamente extiende el campo de batalla en la "guerra contra el terror" a los propios EEUU y aplica el principio establecido de que los combatientes en una guerra están sujetos a detención militar.
Los partidarios de la legislación en el Congreso dicen que el mismo simplemente codifica la práctica existente, como es la detención indefinida de presuntos terroristas en Guantánamo. Pero los críticos de la ley, la describen como una pieza de legislación draconiana, que amplía el alcance de la detención sin juicio para incluir a los ciudadanos de EEUU arrestados en su propio país.
"Es algo tan radical que habría sido considerada una locura si la hubiera impulsado la administración Bush", dijo Tom Malinowski, de Human Rights Watch. "Establece justo el tipo de sistema que Estados Unidos ha instado a otros países a no adoptar. En momentos en que Estados Unidos insta a Egipto, por ejemplo, a abandonar su ley de emergencia y los tribunales militares, esta ley no es coherente".
Hubo un acalorado debate en ambas cámaras del Congreso sobre la legislación, la cual dispone que los sospechosos vinculados a organizaciones terroristas extranjeras islamistas detenidos en EEUU, y que ya hayan sido detenidos por el FBI, u otras agencias de aplicación de la ley civil, sean entregados a los militares y mantenidos indefinidamente sin juicio.
La ley se aplica a cualquier persona "que haya sido parte o haya apoyado sustancialmente a al-Qaida, los talibanes o u otras entidades asociadas".
El senador Lindsey Graham dijo que las medidas extraordinarias eran necesarias, debido a que los sospechosos de terrorismo son totalmente diferentes de los criminales comunes.
Graham agregó que lo correcto es que los estadounidenses queden sujetos a la ley de detención, así como los extranjeros. "No es injusto que se detenga a un ciudadano estadounidense por el hecho de haber decidido ayudar a Al Qaeda para que nos maten a todos, y mantenerlo cautivo el tiempo que sea necesario, hasta encontrar información acerca de lo que puede venir después", dijo. "Y cuando digan:" Quiero a mi abogado ", se les responde:"Cállate. No tienes abogado. "
Otros senadores apoyaron los nuevos poderes sobre la base de que Al Qaeda está librando una guerra dentro de EEUU y que sus seguidores deberían ser tratados como combatientes, no civiles con las protecciones constitucionales.
Pero otro senador, el conservador Rand Paul, un libertario convencido, ha dicho que "la detención de ciudadanos sin un juicio es anti-estadounidense" y que si se aprueba esa ley "los terroristas habrán ganado".
"Estamos hablando de ciudadanos estadounidenses que pueden ser sacados de Estados Unidos y enviados a un campo de Guantánamo y mantenidos allí de forma indefinida. Pone a todos los ciudadanos estadounidenses en riesgo", dijo. "De hecho, ¿qué seguridad nos ofrece esta detención indefinida de los estadounidenses? La primera y fallida premisa, tanto aquí como en la mal llamada Ley Patriota, es que nuestros poderes policiales de antes del 9/11 no fueron suficientes para detener el terrorismo. Los hechos no lo confirman".
Por su parte, los jefes de varias agencias de seguridad, incluyendo al FBI, la CIA, el director de la inteligencia nacional y el fiscal general, se han opuesto a la legislación. El Pentágono también dijo que estaba en contra del proyecto.
El director del FBI, Robert Mueller, dijo que temía que la ley comprometiera la capacidad de la oficina para investigar el terrorismo, ya que complicaría la posibilidad de obtener la cooperación de los sospechosos detenidos por los militares.
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