Chile destinó 1,500 millones de dólares en 2011 a la compra de armas, reveló hoy la cuprífera estatal Codelco, empresa que por ley financia esos gastos.
Los recursos, que el país no invierte automáticamente, elevan en torno a los 5.000 millones de dólares los ahorros que esta nación dispone para adquirir armamento, según investigaciones de dpa.
Chile junto a Venezuela es el país que más invierte en Defensa en Sudamérica, según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Suecia. Ambos acapararon un 61 por ciento del gasto en 2011.
Las Fuerzas Armadas chilenas, que adquirieron tanques, aviones y submarinos por 7.500 millones de dólares desde 1990, poseen hoy mayor capacidad bélica que sus pares de Argentina, Perú y Bolivia.
El gasto, en medio de la ola de protestas sociales que sacude Chile, provoca críticas dentro y fuera del país, inmerso en litigios fronterizos con el Perú y diferencias de igual índole con Bolivia.
Expertos en defensa insistieron los últimos meses en la necesidad de que Chile modere su gasto en armas, por los costos en mantención que genera, y dirija sus compras a multiplicadores de la fuerza, como sistemas de comando, además de equipos de uso civil y militar.
Tras un embargo impuesto por Estados Unidos a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), las Fuerzas Armadas compraron masivamente tanques, aviones y submarinos desde el regreso a la democracia.
Un gasto que permitió a Chile, país donde la mitad de la población vive con un ingreso per cápita de 3,000 dólares debido a los problemas de distribución de la riqueza, poseer incluso 44 cazabombarderos F-16.
Es decir, poco menos que Polonia, país que considera a Rusia su principal amenaza, en comparación.
Las compras de armas, las mayores en la historia de este país, estuvieron siempre ligadas a escándalos de corrupción, investigados incluso en el extranjero.
Actualmente, tribunales chilenos investigan de hecho una supuesta red de corrupción en la Armada en el marco de estos procesos de compra de armas.
La Justicia de hecho incautó en ese proceso unos 100,000 archivos digitales con información clasificada a un intermediario civil en dicha operación, el empresario Guillermo Ibieta.
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