Dos meses después de la muerte del coronel Muamar el Gadafi, el traqueteo de los disparos de las ametralladoras ha disminuido en Libia, y por lo tanto, también la euforia de la nueva libertad del país.
Mientras las fuerzas revolucionarias luchan ahora por posicionarse en la nueva Libia y rechazan las peticiones de que entreguen sus armas, las autoridades interinas hacen frente a la difícil tarea de establecer el imperio de la ley.
Puede que el criminal de guerra más infame del país haya muerto, pero un número indeterminado de presuntos delincuentes de ambos lados del conflicto todavía vagan libres.
Aquel a quien las autoridades libias deben detener y responsabilizar es al teniente coronel Mansour, quien ordenó a sus tropas asesinar a 153 hombres a finales de agosto.
Con un equipo de expertos forenses de Physicians for Human Rights, investigué esta masacre cometida por los soldados de la brigada 32 de Gadafi. Entrevistamos a cuatrosupervivientes oculares, así como a uno de los presuntos autores, llevando a cabo evaluaciones médicas de los supervivientes detenidos, y de la escena del crimen utilizando métodos forenses.
En nuestro informe, “Masacre de la Brigada 32: La evidencia de crímenes de guerra y la necesidad de garantizar la justicia y la rendición de cuentas en Libia”, proporcionamos el primer estudio forense exhaustivo de la masacre y presentamos pruebas de la tortura, la violación y las ejecuciones sumarias de esos detenidos.
La masacre tuvo lugar en Trípoli en una prisión improvisada ubicada detrás del cuartel de la brigada 32, las fuerzas especiales de Libia encabezadas por el hijo más joven de Gadafi, Khamis.
Hablé con un joven superviviente, “Mohammad”, a quien los soldados habíandetenido y torturado allí. Habló de la noche, cuando dos soldados entraron en el hangar donde él y otros 150 detenidos fueron retenidos y comenzaron a disparar con armas automáticas.
Describió cómo vio las granadas de tierra en el interior del hangar después de que los soldados las hubiesen arrojado a través de aberturas situadas en la parte superior de la puerta principal. Afortunadamente, en medio del caos, se las arregló para escapar y saltar por encima de la pared del recinto.
También entrevisté a un funcionario de nivel medio de la brigada 32 que participó en la masacre aquella noche. “Laskhar” estaba en la habitación y escuchó al teniente coronel Mansour ordenar la ejecución de todos los detenidos en el recinto.
Se le dijo entonces que fuera al recinto y se asegurase de que no quedaban supervivientes. Mientras buscaba a los detenidos que habían sobrevivido a los ataques iniciales, Laskhar inspeccionaba a cada uno de los heridos. A los que seguían vivos, les disparó a quemarropa. Laskhar admitió haber ejecutado esa noche a 12 detenidos con su pistola de 9 milímetros.
A la mañana siguiente, el comandante de Laskar le llevó una excavadora para perforar y cavar una fosa común para los detenidos ejecutados, pero la maquinaria pesada se rompió, lo que dificultó sus planes de enterrar los cuerpos en masa. Dos días después, el teniente coronel Mansour ordenó que recogiesen todos los cadáveres, los llevasen al interior del hangar y los quemasen.
Laskhar y otros soldados siguieron sus órdenes, recogieron neumáticos de automóviles y los pusieron en el hangar con los cuerpos. Los soldados luego vertieron combustible diesel sobre los cuerpos y los neumáticos y prendieron fuego al hangar.
Lamentablemente, esta historia es sólo una de las muchas atrocidades indeciblesque se cometieron durante el conflicto. El gobierno de Libia debe investigar a fondo de nuevo esta masacre y otros presuntos crímenes de guerra. Una investigación adecuada, que incluya las prácticas forenses y la documentación de las evidencias, servirá como un primer paso crítico para poder administrar justicia.
La muerte de Gadafi significó que nunca tuviese que rendir cuentas por el número de abusos atroces durante cuatro décadas de gobierno. Sin embargo, otros presuntos criminales de guerra de todas las partes del reciente conflicto siguen en libertad, y deben ser llevados ante la justicia. Hacer rendir cuentas a estos responsables es la forma más eficaz de acabar con la impunidad y establecer el imperio de la ley.
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