Londres, 10 may (PL) Un costo imprevisto cercano a los 50 millones de libras tendrá el cambio de caza de combate con el que Reino Unido dotará a sus nuevos portaaviones, aseguró hoy el ministro de Defensa británico, Phillip Hammond.
El titular de esa cartera afirmó que el gobierno de David Cameron utilizará el modelo estadounidense de aterrizaje y despegue vertical F-35B, en vez del F-35C previsto hasta ahora, y a corto plazo esta decisión costará entre 44 y 50 millones de libras esterlinas.
Al reconocer que con esta decisión se retoma el plan originalmente trazado por el anterior ejecutivo laborista, admitió la pérdida de lo ya invertido en diseño y asesoramiento del modelo anterior.
Hammond trató de persuadir a los opositores en la cámara de los Comunes con el argumento de que los F-35C han encontrado problemas en su desarrollo, por lo cual se prevé que estén listos solo después de 2023, un trienio más tarde de lo planificado, explicó.
Subrayó que el sistema de despegue vertical de los F35-B permitirá a los aviones de combate británicos operar en fortalezas flotantes estadounidenses y francesas.
Cuando los hechos cambian, nuestra responsabilidad es examinar las decisiones que se han tomado y acometer los cambios necesarios, concluyó Hammond.
La coalición gubernamental liderada por David Cameron anunció en octubre de 2010 que sustituiría el F-35B por el F-35C, una versión capaz de operar en portaaviones con un mayor radio de acción pero menos costosa, según se informó entonces.
El programa F-35 también conocido como Joint Strike Fighter es desarrollado por Lockhead Martin en colaboración con la británica BAE Systems y asocia al complejo militar estadounidense y el británico, Australia, Canadá, Dinamarca, Holanda, Italia, Noruega y Turquía.
Un anuncio del mayor recorte presupuestario del Reino Unido en décadas presentado recientemente por el ministro de Economía, George Osborne, contrasta con los gastos defendidos por Hammond.
Según Osborne, la Revisión Completa de los Gastos (CSR por sus siglas en inglés) contempla un recorte de numerosas erogaciones en todas las áreas gubernamentales e implica la supresión de miles de empleos y una drástica reducción del déficit público.
Medios de prensa coinciden en que los desembolsos destinados a los ministerios disminuirán entre un 25 y un 40 por ciento, por lo cual los cesanteados pueden llegar a los 500 mil.
Gran controversia ha causado, asimismo, la decisión del gobierno de no continuar pagando el subsidio infantil en los hogares de las denominadas familias con mayores salarios, considerado hasta ahora un derecho universal sin distingo del nivel de recursos de cada núcleo familiar.
lac/jpm
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