La ley, que recupera una antigua práctica de la época soviética, ha sido duramente criticada por los activistas de Derechos Humanos por considerar que podría utilizarse para intimidar a los periodistas independientes y a los grupos de la oposición.
El FSB --que está presidido, oficialmente, por el primer ministro y ex presidente ruso, Vladimir Putin-- fue formado a partir de los restos de la KGB soviética, que fue disuelta en 1991, coincidiendo con el desmantelamiento de la URSS.
La ley fue significativamente suavizada después de su primera lectura, que causó una fuerte oposición por parte de una oposición habitualmente dócil. Los parlamentarios retiraron del proyecto de ley una provisión que habría permitido al FSB citar judicialmente a las personas sospechosas e imponerles una pena de 15 días de prisión en caso de desobedecer.
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