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martes, 23 de noviembre de 2010

La República Checa enviará vehículos “Pandur” a Afganistán



La República Checa va a enviar a Afganistán cuatro vehículos blindados 8x8 General Dynamics European Land Systems-Steyr Pandur II para aumentar la capacidad de protección y movilidad de sus fuerzas al servicio de la ISAF (International Security Assistance Force).

Designados como KBVP M1 (Kolových Bojových Vozidel P?choty), fueron sometidos a diversas modificaciones, como la integración de un sistema de parrillas, blindaje adicional en el casco producida por Vojenský Technický Ústav Ochrany, a partir de materiales de CeramTec-ETEC y Saint-Gobain Advanced Ceramics, comunicaciones tácticas multibanda Harris RF AN/VRC-110 e internas MESIT P?ístroje Spol derivadas del VICM 180.1930 y un sistema de inhibisión de transmisiones URC Systems Star Light 3, suprimiéndose los dispositivos de propulsión anfibia. Adquirión 107 unidades de este modelo, de los cuales 90 están siendo producidos localmente por VOP 025 Nový Ji?ín Sp (Victor M.S. Barreira, corresponsal de Grupo Edefa en Lisboa).

El P-3 Orión español cumple 2.000 horas de operación en el Índico LUNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2010 07:57



En el marco de la Operación Atalanta contra la piratería, el avión de patrulla español ha investigado a más de 2.000 embarcaciones sospechosas en el Índico. El destacamento ‘Orión’ del Ejército del Aire desplegado en Yibuti está compuesto desde ayer por un nuevo contingente, tras el relevo llevado a cabo en la base francesa del país africano, es el noveno relevo del contingente desde que llegara a zona, en septiembre de 2008.

En un acto presidido por el coronel Mariano Díez Clemente, del Mando Aéreo de Combate, el teniente coronel Guillermo Cavo Muñoz ha tomado posesión como jefe del destacamento de manos del teniente coronel Francisco Baños Castillo. El nuevo contingente está compuesto por 52 militares, que permanecerán en Yibuti hasta el próximo mes de marzo.

El contingente relevado ha finalizado 45 misiones en el avión patrulla de vigilancia marítima VIGMA D-4, con casi 400 horas de vuelo en las que se han investigado a más de 50 mercantes, se han localizado casi 90 embarcaciones no identificadas, se han realizado más de 3.000 fotografías de la costa somalí, así como seis despliegues a Mombasa (Kenia).bPrecisamente, este contingente es el que ha completado las 2.000 horas de vuelo del destacamento ‘Orión’ en la lucha contra la piratería. Este hito se alcanzó el pasado viernes durante una misión del VIGMA D-4, perteneciente al 803 escuadrón de Fuerzas Aéreas del Ala 48 del Ejército del Aire.

De las 284 misiones realizadas por este destacamento, 207 fueron llevadas a cabo con el avión ‘P-3 Orión’ y el resto por el ‘VIGMA D-4’, que empezó a operar de forma continua desde mediados del pasado mes de junio.Durante su participación en la operación ‘Atalanta’, el destacamento ha identificado a más de 62.800 buques en tránsito, ha investigado a más de 2.000 embarcaciones sospechosas y ha realizado más de 15.000 fotografías. Por él han pasado más de 400 militares del Ejército del Aire.

La misión del avión español consiste en patrullar las aguas del Océano Índico para detectar la presencia de embarcaciones no identificadas y comunicar a los buques cercanos la presencia de posibles grupos de acción pirata a bordo de pequeñas embarcaciones. Asimismo, fotografía la costa de Somalia para detectar actividad en los campos piratas identificados.


¿Contratistas o mercenarios? Las compañías militares privadas

Uno de los aspectos más interesantes de la evolución reciente de los conflictos armados es la aparición de un mercado global de alquiler de servicios que podríamos denominar militares, atendido por las denominadas compañías militares privadas PMC (Private Military Companies). Estas empresas han sido determinantes en el desarrollo de conflictos como Angola, Croacia o Sierra Leona, pero no debemos pensar que trabajan exclusivamente para países de este tipo: los Estados Unidos son, de hecho, uno de sus principales clientes de estas empresas: entre 1994 y 2002, el Departamento de Defensa firmó alrededor de 3.000 contratos con compañías americanas por un valor de más de 300.000 millones de dólares. El hecho de que, en este momento, se encuentren presentes en alrededor de cincuenta países, viene a demostrar que no se trata de un hecho marginal.

Las actividades que desarrollan van desde la construcción y gestión de bases hasta el mantenimiento de sofisticados sistemas de armas, como los bombarderos B-2 o los cazas F-117, incluyendo muchas que están muy alejadas de las clásicas de los mercenarios. Sin embargo, pese a que es difícil atribuir a estas empresas ese calificativo, sí es verdad que algunos de los servicios que prestan son muy similares a los de los mercenarios clásicos, entendiendo como tal la persona contratada para prestar servicios militares para un país que no es el suyo.
Las experiencias sobre la actuación de este tipo de empresas son muy variadas. En el extremo más agresivo, suele citarse a la sudafricana Executive Outcomes (EO): después del éxito del contrato que el Gobierno angoleño firmó con esta compañía para la protección de sus pozos petrolíferos, fue contratada en 1995 por el de Sierra Leona para detener el avance del Frente Revolucionario Unido (FRU), que amenazaba ya su capital. Aunque sus procedimientos resultaran criticables en muchos aspectos, EO se mostró muy eficaz: por 35 millones de dólares, logró derrotar en 21 meses al FRU, sin tener nunca sobre el terreno más de 300 hombres y sufriendo solamente 6 muertes entre sus filas. Un éxito si tenemos en cuenta que la misión de la ONU en este mismo país, enviada tras el golpe de estado de 1997, costó 47 millones en ocho meses y hubo de abandonarlo cuando las fuerzas del FRU se acercaron de nuevo a la capital. EO demostró que las PMC son una opción barata para solucionar problemas que los ejércitos regulares no pueden afrontar(1).
En el polo opuesto, suele citarse como ejemplo a MPRI (Military Professional Resources Inc.), surgida en el seno de las fuerzas armadas estadounidenses e integrada en su mayor parte por reservistas de este país. En 1994 fue contratada para prestar asistencia militar al Ejército croata que, en 1995, realizó una ofensiva decisiva en las Krajinas, que hubiera sido impensable para la milicia desorganizada que era un año antes. Aunque el contrato de MPRI era de asistencia y la compañía ha negado siempre una implicación directa en las operaciones, parece inverosímil que el Ejército croata hubiera podido emprender una ofensiva de esas características sin su colaboración.

El caso iraquí
Sin embargo, fue necesario esperar al conflicto iraquí para que estas empresas saltaran a las primeras páginas de los periódicos. Cuando, el 16 de septiembre de 2007, en Bagdad un grupo de la compañía Blackwater mató a 17 civiles e hirió a 24, esta cuestión llegó a la opinión pública y se convirtió en una fuente de malestar entre Bagdad y Washington. Blackwater Worldwide, con sede en Carolina del Norte, ha sido, posiblemente, la más conocida de las PMC que han operado en Irak, donde ha proporcionado seguridad al personal diplomático estadounidense, entre otras funciones. Aunque su plantilla estaba armada, no participaba directamente en operaciones.
Ese incidente, al igual que lo hiciera anteriormente el de Abu Ghraib, puso sobre la mesa una cuestión muy relevante: la dificultad de sancionar conductas delictivas cometidas por estas personas. En virtud de los acuerdos diplomáticos suscritos entre los Estados Unidos e Irak, no competía a la jurisdicción del país asiático, sino a la americana, castigar las conductas del personal contratado por las autoridades de Washington(2). Pero su normativa penal, ligada al principio de territorialidad, hacía muy difícil castigar delitos cometidos por civiles fuera de su suelo. La consecuencia práctica de la combinación de ambas circunstancias era la impunidad práctica de los contratistas civiles. Hoy, los acuerdos Estados Unidos-Irak ya no contemplan esa exención de jurisdicción y, además, la legislación penal militar norteamericana ha sido modificada para poder castigar este tipo de conductas.
El caso es que el conflicto iraquí ha supuesto un antes y un después en cuanto al empleo de los servicios de las PMC. En 2003, tras la ocupación por la coalición internacional liderada por Estados Unidos, se pensó que gran parte de los esfuerzos de la fase de estabilización, incluido el campo de la seguridad, correspondería a empresas privadas, de forma que sería necesario un contingente militar reducido. En efecto, un gran número de empresas, principalmente anglosajonas, obtuvo contratos en todo tipo de áreas. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos demostró que se había subestimado la amenaza insurgente posterior a la ocupación, de forma que, a la hora de la verdad, las fuerzas de la coalición no fueron capaces de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para abordar el esfuerzo de reconstrucción y esto produjo a la larga efectos muy negativos.
Por una parte, los contratistas implicados en los proyectos de reconstrucción, se vieron en la necesidad de proporcionar su propia seguridad, no teniendo otra opción que recurrir a las PMC. Por otra, el empeoramiento de la situación encareció sus servicios sobremanera, incrementando enormemente la partida de seguridad de los proyectos de reconstrucción, impidiendo con ello la ejecución de muchos de ellos o reduciendo su alcance. En este sentido, es de destacar que, debido a la externalización de los transportes, este deterioro de la seguridad afectó de tal manera a la prestación del servicio que, en determinados momentos, el abastecimiento a las fuerzas llegó a sufrir carencias. El general Ricardo Sánchez(3) reconoció que esto llegó a afectar a la capacidad ofensiva de sus fuerzas en la primavera de 2004. Es precisamente en este momento cuando los contratistas comienzan a ser objetivo de los insurgentes, produciéndose varios asesinatos y secuestros que afectaron enormemente a la opinión pública y encarecieron de tal forma estos servicios que fue preciso recurrir a personal de países en vías de desarrollo, ante la dificultad de cubrir los puestos con americanos.
Es posiblemente en Irak donde más evidentes se han hecho los problemas derivados del empleo masivo de compañías privadas de seguridad. Aunque no hay estadísticas oficiales, se estima que hay alrededor de 25.000 personas dedicadas a la seguridad privada, trabajando para unas 60 empresas, y constituyen la segunda fuerza armada presente en Irak, más que doblando en número a la británica(4). Además, las compañías de seguridad privadas en Irak, se parecen poco a los guardias jurados a los que estamos acostumbrados; su personal tiene formación militar, siendo en muchos casos reclutado entre unidades especiales de ejércitos occidentales y están dotadas de todo tipo de armamento, incluso pesado, y realizan auténticas operaciones militares en las que emplean también helicópteros.
La proliferación de este tipo de servicios ha tenido varias consecuencias colaterales, como el descenso en las cualificaciones de su personal, fruto del ingente número de personas que ha sido necesario contratar, o el notable aumento de los incidentes entre su personal y fuerzas militares. En los cinco meses que van de enero a mayo de 2005, se notificaron veinte incidentes de este tipo, conocidos en el argot militar como blanco contra azul o azul contra blanco, siendo el blanco la referencia a los elementos de seguridad privados y el otro color la de unidades militares. El problema de coordinación ha llegado a ser de tal magnitud que el mando americano ha creado un Centro de Operaciones de Reconstrucción, o ROC (Reconstruction Operations Centre), para tratar de poner un poco de orden en las actividades de estos elementos. De todas formas, su efectividad es relativa, partiendo de que, para las compañías privadas, no existe obligación de someterse a la coordinación del centro.
Parece que, a día de hoy, la solución a los problemas que plantea la proliferación de estos elementos pasa por la asunción por la policía iraquí de la responsabilidad de la protección de las empresas empeñadas en los proyectos de reconstrucción. No olvidemos que su Gobierno ha manifestado en más de una ocasión su malestar por la actuación de estos elementos y por la impunidad que sigue a sus actuaciones más desafortunadas, así que sus más de 77.000 miembros parece que ya deben ser suficientes para relevar a los indeseados seguratas: de la misma manera que el incremento en las fuerzas militares y policiales iraquíes está llevando aparejada la reducción del contingente de la coalición, ese incremento debería estar haciendo que el personal dedicado a la seguridad privada se fuera reduciendo paulatinamente.

Normativa sobre mercenarios
Las primeras normas de Derecho Internacional no prohibían la actuación de mercenarios, a los que se reconocía el estatuto de combatiente(5). Sin embargo, su actuación en las guerras post-coloniales supuso que la opinión pública se volviera contra su figura y que el Derecho evolucionara hacia un mayor control de este fenómeno, hasta que el Protocolo Adicional I a las Convenciones de Ginebra de 1977 acabó denegándoles los derechos de un combatiente legítimo. El texto definía al mercenario como una persona no nacional de las partes en conflicto, reclutada para combatir y que tomara parte en las hostilidades por una compensación económica superior a la prometida a los combatientes de la nación que los contrata con rango y cometidos similares(6). Esta normativa ve la luz antes que surjan las PMC y la figura del mercenario individual empiece a ser sustituida por este tipo de empresas.
Pero la legislación internacional es poco efectiva a la hora de regular la figura del mercenario. En primer lugar, al basar la definición en la motivación económica, hace poco menos que inviable su aplicación: es muy difícil probar la motivación de un combatiente, que siempre puede alegar que combate incentivado por la justicia de la causa o cualquier otra ajena a la meramente económica. además, la exigencia de esta motivación deja fuera de su campo de aplicación una figura muy en boga conflictos recientes, la del mercenario confesional: aquél que participa en un conflicto ajeno por razones ideológicas: los de Irak y Afganistán muestran que no se trata de una figura inusual y, en ambos casos, especialmente en el segundo, ha tomado parte un gran número de combatientes extranjeros no por una recompensa económica, sino por las llamadas a la Yihad.
Por otra parte, tampoco existe una regulación para el fenómeno de las PMC, que continúan al margen de cualquier regulación supranacional: la poco operativa normativa referida a los mercenarios se refiere exclusivamente a quienes son contratados a título individual para actuar en un conflicto concreto, obviando la cuestión de las compañías que articulan sus servicios y que los contratan para actuar en cualquiera en el que pueda prestar sus servicios. La consecuencia de todo ello es que el personal reclutado por las PMC, a pesar de combatir a cambio de un sueldo en guerras ajenas, difícilmente estaría comprendido en la definición de mercenario del derecho internacional. Además, este tipo de compañías presta una amplia gama de servicios tales como asesoramiento, adiestramiento o servicios logísticos que, aunque típicamente militares, no pueden considerarse como participación directa en el conflicto. Sin embargo, la delimitación no es clara: ¿Supone participar directamente en las hostilidades realizar el mantenimiento de un arma antiaérea, cuando se realiza en el mismo asentamiento desde el que opera?, ¿participa en las hostilidades el operador de un avión de reconocimiento no tripulado?

Situación legal
El primer problema que se plantea es el del estatuto jurídico del personal de estas empresas. El Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA) protege a tres categorías de personas en éstos: combatientes, no combatientes y civiles que acompañan a la fuerza, personal de apoyo que no participa directamente en las hostilidades(7). La cuestión es delimitar qué acciones suponen participación directa en las hostilidades ya que, mientras un contratista realice otro tipo de actividades, su estatuto jurídico es claro y está protegido por el derecho internacional, pero los civiles implicados directamente en operaciones militares, al no poder considerarse civiles que acompañan a la fuerza, podrían muy bien caer en el saco de los mercenarios, personas al las que el DICA no presta su protección.
Valga un ejemplo para ilustrar lo problemático de la cuestión: en febrero de 2003, la guerrilla colombiana capturó a tres empleados de California Microwave Systems, cuando el avión de reconocimiento en el que viajaban, en una misión contratada por el US Army, se estrelló en una zona controlada por ellos. Hoy, siguen en su poder y su status legal no está claro, como tampoco lo están las responsabilidades del Gobierno estadounidense y de la compañía a la que pertenecían. Y es que las PMC son empresas privadas que proporcionan servicios que podríamos denominar militares a cambio de una contraprestación económica. Los civiles que lo hacen por sí mismos se consideran mercenarios y se supone que ejercen una actividad prohibida.
La falta de regulación adecuada en el Derecho Internacional hace recaer en las normativas nacionales la responsabilidad de solventar este problema. Sin embargo, la práctica demuestra que no es ésta la mejor vía para regular la cuestión, debido fundamentalmente a tres razones: la globalización de las actividades de estas empresas, la territorialidad del derecho interno y la falta de voluntad de las naciones. La primera deriva de la forma en que se organizan consiste en que, tratándose de empresas de servicios que operan a nivel global y con muy limitadas infraestructuras, les es muy sencillo, si es necesario, cambiar su centro de operaciones a países más tolerantes o adoptar una nueva razón social, eludiendo con ello la persecución de los países con normas más estrictas.
El segundo problema resulta de la territorialidad del derecho nacional: las PMC normalmente tienen su sede social en países desarrollados, pero muchas de sus actividades se ejecutan en países en conflicto, estados fallidos donde existen muy pocas posibilidades o interés en actuar legalmente contra ellas, de forma que es ilusorio esperar que las controle el Estado en el que operan ni, dadas las limitaciones que impone la soberanía territorial, puede esperarse que lo haga aquél en el que tienen su sede. Por último, la falta de interés de las naciones en regular este asunto se demuestra en el hecho de que la inmensa mayoría de los ordenamientos internos ignora a las PMC. Posiblemente, Sudáfrica y los Estados Unidos sean las únicas excepciones a esta norma, aunque con un alcance muy limitado; de hecho, sus intentos por regular estas actividades han demostrado ser absolutamente infructuosos, debido fundamentalmente a la naturaleza territorial del derecho interno, que hace muy fácil a las PMC escapar a las regulaciones más restrictivas.

Posibles vías de solución
El problema de la regulación de las actividades de las PMC es doble: por una parte, no existen normas internacionales efectivas al respecto y, por otra, los intentos que se han realizado desde la perspectiva del derecho interno, han demostrado no ser eficaces. Este vacío preocupa no sólo a los que piensan en el derecho internacional como medio para mejorar las conductas de los que participan en conflictos armados, sino también a quienes creen necesario imponer un cierto orden en la esfera de la seguridad internacional. Además, la indefinición legal juega en contra de sus empleados que, al no tener un estatuto claro, pueden verse excluidos de la protección que el DICA presta tanto a combatientes, como a civiles no combatientes, pudiendo llegar a ser tratados como criminales.
El establecimiento de un estatuto legal de las PMC podría seguir dos vías: bien la de prohibir directamente sus actividades, bien la de regularlas. Ninguna de las dos es fácil. Además, a la hora de tomar una decisión en este campo, hay que tomar en consideración varios factores. El primero es la necesidad de definir la finalidad de la normativa. Debe quedar claro que va dirigida a la protección del interés general y no a la de algún estado o sector empresarial. Si este objetivo no resulta claro, su aplicabilidad resultará muy amenazada porque será ignorada o incluso torpedeada por aquellos que vean que la norma se ha hecho en interés de otros. El segundo problema es definir quién debe quedar bajo el ámbito de aplicación de la norma: qué firmas quedarán prohibidas o reguladas. Posiblemente, la naturaleza de los servicios prestados sea el mejor criterio para definir el ámbito objetivo de aplicación: si los que presta la empresa incluyen actividades típicamente militares, se realizan dentro de la zona de conflicto o están encaminadas a influir en el resultado del mismo, su actuación debería quedar dentro de este ámbito.
Debe además determinarse qué actividades de las que realizan las empresas se regularán o prohibirán: incluir todas las actividades de las empresas afectadas puede resultar excesivamente intervencionista y resultar impracticable. Hay actuaciones que claramente deberían quedar incluidas en la regulación: cualquiera que, directa o indirectamente pueda implicar la participación en las hostilidades, como la prestación de escoltas armadas. El servicio de lavandería, no parece que debiera recibir igual consideración y, entre estos extremos, hay una amplia gama de actividades que quedarían incluidas o excluidas de la regulación que se acordara.
Otra cuestión es quién debe encargarse de la observación, regulación y, en su caso, sanción. Si preguntamos a las PMC, evidentemente, se inclinarán por la autorregulación y la no dependencia de instancias externas: para ellos, es la propia industria la que está en mejores condiciones de regular estos aspectos. De hecho, asistimos al nacimiento de un lobby internacional, la International Peace Operations Association, que ha creado, de hecho, un código de conducta interno que puede ser el primer paso para lograr que sea la autorregulación la que solvente este problema. Sin embargo, no debemos perder de vista que el interés público y el privado, siendo ambos legítimos, no van siempre de la mano y es necesario garantizar, desde el derecho, que en caso de conflicto es el interés público el que prevalece.
Hoy por hoy no existen propuestas viables de prohibir las actividades de las PMC. Cualquier intento en esta línea debería venir de la extensión del concepto de mercenario, de manera que el tipo no se circunscriba a particulares actuando individualmente y prestando servicios de tipo táctico. Sin embargo, no queda claro si esta prohibición no atentaría contra el legítimo derecho de autodefensa de las naciones, tal y como lo regula la carta de las Naciones Unidas. Además, naciones como los Estados Unidos o el Reino Unido apoyan de modo decidido a este tipo de compañías, siendo muy poco probable que acepten una prohibición radical. No parece, a la vista de ello, que ésta sea una opción factible, al menos de momento.
En cambio, existe un amplio abanico de posibles vías de regulación, con algunas propuestas por las propias empresas del sector, interesadas en ganar cierta respetabilidad y garantizarse una preeminencia en el mercado. Esta parece que puede ser la vía para conseguir un control de este sector tan delicado y sí parece haber algún acuerdo de mínimos al respecto: en general, se acepta la existencia de un organismo internacional con la facultad de controlar a estas empresas, evaluando la limpieza de sus procedimientos y su aceptación de los estándares militares internacionales. Una posible vía de garantizar la imparcialidad de este organismo sería constituirlo bajo los auspicios de la ONU. Un grupo de expertos internacionales, en comunicación con todos los interesados, incluidos gobiernos, ONG, universidades y empresas, podría identificar los aspectos a regular y establecer las líneas generales de esta normativa, así como hacerse cargo de la auditoría de las empresas y, eventualmente, de proponer las sanciones que procedan. El incentivo de este sistema para las empresas residiría en que el sometimiento a esta normativa podría situarles en mejor posición a la hora de obtener contratos, incluso de la ONU. Complementado con un sistema de controles, inspecciones y sanciones eficaz, parece que podría ser la mejor manera de regular este, de otra forma, anárquico mercado.

El problema de las sanciones
Otro problema a plantearse es el de la naturaleza de las sanciones a imponer a las empresas que incumplan la normativa que pudiera acordarse. Las compañías implicadas abogan por unas de tipo mercantil, pero una mera revocación de la autorización para operar no parece suficiente cuando nos encontramos ante violaciones de cierta gravedad; no meras infracciones de tipo económico, sino actuaciones que pueden suponer, por ejemplo, violaciones de los derechos humanos. Tampoco es la mejor vía para prevenir actuaciones delictivas por parte de los empleados de la compañía(8). Una posible solución, es la de forzar a las compañías a aceptar en los contratos, incluidos los que firme con su personal, cláusulas de sometimiento al derecho interno para el caso de comisión de conductas delictivas. Tampoco debe descartarse la posibilidad de recurrir a la Corte Penal Internacional u otra instancia similar para castigar este tipo de infracciones.
Este recurso a la regulación internacional, si bien es una vía muy útil, muestra deficiencias en algunos aspectos, el más relevante de los cuales es la falta de interés político. En tanto en cuanto no se produzca un caso grave relacionado con la actuación de las PMC, es poco probable que ninguna instancia internacional se plantee abordar este espinoso problema, manteniéndose su actuación en el limbo en el que actualmente se desenvuelven.
Las PMC se han empleado en los últimos tiempos como una alternativa al despliegue de fuerzas militares en escenarios en los que la opción militar resultaba inviable por problemas políticos o de opinión pública. En algunos casos, la escasa preparación y mal equipo de los adversarios hizo fácil invertir el equilibrio a favor de quien contrató sus servicios, lo que las convirtió en una alternativa muy interesante a los ojos de sus posibles contratantes. Su eficacia ha hecho que se hayan tolerado sus actuaciones, aunque sus procedimientos no han sido siempre todo lo limpios que podría esperarse. Sin embargo, en Irak se han puesto de manifiesto sus limitaciones: en entornos muy exigentes no son capaces de llegar allí donde pueden hacerlo las fuerzas militares y, además, sus costes se disparan. Su capacidad para combatir a enemigos bien armados y organizados es muy limitada y la situación legal de sus empleados es incierta y son muy difíciles de integrar en la cadena de mando militar, con lo que la unidad de acción queda comprometida. Además, ponen en peligro el principio de monopolio de la violencia. Todo ello hace que, a día de hoy, todavía no esté claro el futuro de unas empresas que, al menos de momento, no parece que vayan a desaparecer del escenario internacional.

(1) EO fue disuelta en 1998 por un endurecimiento de la normativa sudafricana sobre mercenarios.

(2) El despliegue de una fuerza militar en un país extranjero, va precedido, normalmente, de unos acuerdos diplomáticos sobre el estatuto de la fuerza SOFA (Status on Forces Agreement) en los que, entre otras cosas, se regulan exenciones de jurisdicción para el personal militar y, en algunos casos, civil, que no quedarían sujetos a la del país en que actúan, pero si a la de origen.

(3) Jefe de las fuerzas de la Coalición.

(4) La importancia de los servicios prestados por contratistas en Irak es tal, que el The Economist ha llegado a denominar la primera guerra privatizada (the first privatised war).

(5) Convención de La Haya sobre Potencias Neutrales de 1907 y Convenciones de Ginebra de 1949.

(6) Se estima que el ingreso medio del personal de las PMC dedicado a tareas de seguridad es de unos 600-700 dólares diarios.

(7) Las personas que siguen a las Fuerzas Armadas no tienen el estatuto de combatiente, pero serán consideradas prisioneros de guerra, siempre que les haya sido proporcionada con tal finalidad la correspondiente tarjeta de identidad (Art. 4 del Convenio de Ginebra de 1949).

(8) Piense en casos como los de Abu Ghraib u otros relacionados con la compañía Blackwater en Irak. No parece que la sanción a este tipo de actuaciones se pueda reducir a una simple administrativa. En el caso de Abu Ghraib, mientras los militares implicados fueron castigados en Estados Unidos, los civiles resultaron impunes.
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Estados Unidos lanza el mayor satélite del mundo



Los servicios secretos de EEUU tendrán en breve un poderoso aliado en el espacio: el satélite de espionaje 'NROL-32', el mayor del mundo, despegó la noche del domingo para entrar en órbita con una misión estrictamente secreta, según fuentes de la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO, en sus siglas en inglés).

Para hacerse una idea de las dimensiones del satélite basta con saber que fue lanzado a bordo del Delta-4, de 72 metros de altura, el mayor cohete con el que cuenta EEUU para misiones no tripuladas de este tipo.

"El satélite consta posiblemente de receptores de precisión y de una antena con un diámetro de hasta 100 metros", según explicó el experto espacial Ted Molczan a la revista especializada online 'space.com'. Sobre sus tareas, se cree que realizará escuchas masivas desde una órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros de altura.

El director del NRO, Bruce Carlson, había anunciado a mediados de septiembre que el Delta-4 despegaría "con el mayor satélite del mundo".
Protección desde el espacio

El propio Carlson explicó entonces la misión de su organismo, encargado de la construcción y gestión de los satélites espías estadounidenses: "Siempre vigilantes, los ojos y oídos del NRO proporcionan a políticos, analistas de servicios secretos y especialistas de protección del clima lasinformaciones clave para que EEUU siga estando seguro y libre".

El organismo se ha mostrado especialmente activo en el último tiempo. El lanzamiento del 'NROL-32' es el segundo en dos meses, después de que el 20 de septiembre se enviara al espacio el 'NROL- 41'. Se trata de "la serie de lanzamientos más decisiva registrada por la NRO en 20 años", subrayó Carlson.

Hasta finales de marzo el organismo lanzará al menos otros tres equipos de máxima tecnología desde Cabo Cañaveral o desde la base aérea californiana de Vandenberg.
Reemplazo de satélites

La "muy importante" cadena de envíos permitirá reemplazar otros satélites que van quedando obsoletos. "Compramos la mayor parte de nuestros satélites con una vida útil de tres, cinco u ocho años, pero los tuvimos en el espacio diez, 12 o hasta 20 años", explicó Carlson.

Buena parte de esas tecnologías se desarrolló en tiempos de la Guerra Fría, pero aún hoy es clave para seguir recolectando diariamente informaciones tácticas de inteligencia. Por eso, destacó Carlson, sus renovación en el espacio permitirá a los servicios secretos y al Pentágono una nueva era de escuchas y vigilancia.

La Casa Blanca “condena enérgicamente” el ataque norcoreano



La Casa Blanca declaró este martes que condena enérgicamente el ataque de Corea del Norte a una isla de Corea del Sur que habría causado la muerte de al menos dos marinos surcoreanos y herido a otros 18 soldados y civiles.

“Hoy más temprano, Corea del Norte condujo un ataque de artillería contra la isla surcoreana de Yenpyeong. Estamos en contacto estrecho y continuo con nuestros aliados coreanos”, dijo el portavoz de la Casa Blanca Robert Gibbs en un comunicado.

“Estados Unidos condena enérgicamente este ataque y llama a Corea del Norte a detener su acción beligerante y a cumplir en su totalidad los términos del Acuerdo de Armisticio”, agregó.

La inusual hora del comunicado –emitido a las 04H30 locales (09H30 GMT), sólo unas horas después del comienzo de los disparos– subrayó la preocupación de la Casa Blanca sobre uno de los incidentes fronterizos más serios desde la guerra de 1950-53 entre los dos vecinos coreanos.

Gibbs dijo que Estados Unidos está “firmemente comprometido en la defensa de nuestro aliado, la República de Corea, y en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región”.

Seúl advirtió a Pyongyang que tomaría “represalias” ante nuevas provocaciones luego de que decenas de proyectiles fueran lanzados sobre la isla cerca del límite entre las dos Coreas.

El ataque desató un fuego cruzado al tiempo que las fuerzas armadas de Corea del Sur entraban en alerta máxima.

El general surcoreano Lee Hong-Ki dijo que cinco marinos estaban seriamente heridos y que otros diez habían sufrido heridas menores, en tanto también fueron heridos tres civiles y hubo casas que quedaron en llamas.

AFP

Evo Morales acusa a EEUU de promover desestabilización en AL y ALBA





LA PAZ, 22 nov (Xinhua) --
 El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó hoy a Estados Unidos de promover la desestabilización de gobierno en los países latinoamericanos, principalmente en los que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).

"La derecha y el imperialismo no duermen. (...) Lo sucedido en Ecuador, con una rebelión policial que pretendió afectar la estabilidad de la democracia en ese país, es una muestra de que Estados Unidos está al acecho y utiliza diversas estrategias para desgastar a las democracias", afirmó el mandatario.

Morales aprovechó el acto de inauguración de la IX Conferencia de Defensa de las Américas, para hablar sobre democracia, seguridad, medioambiente y criticar, en presencia del secretario de Defensa de ese país, Robert Gate, al gobierno de Estados Unidos.

Según Morales Ayma, la paz en el continente seguirá en peligro, mientras el gobierno de Estados Unidos no deje de intervenir con fines desestabilizadores en dichos países, o no retire sus bases militares en Sudamérica.

Por ello, dijo, la paz sólo se garantizará si no hay "intervencionismos ni hegemonismos", por lo que recomendó, a los países de esta región, a cuidarse de las "embestidas conspirativas" del "imperialismo estadounidense".

"Los objetivos de la conspiración nacional e internacional en nuestros países son claros, uno de ellos es impedir el fortalecimiento de la integración del ALBA", añadió.

Luego, aseguró que el gobierno de Estados Unidos estuvo detrás de todos los golpes o "intentos de golpe" de Estado en la región: Venezuela (2002), Bolivia (2008), Honduras (2009) y Ecuador (2010).

En ese sentido, el gobernante recordó que en 2008, el entonces embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg, organizó un golpe de Estado para acabar de con su gobierno, por lo que se vio obligado a expulsarlo.

También hizo referencia a un reciente encuentro de grupos derechistas bolivianos en Washington, en el cual participaron líderes conservadores y legisladores estadounidenses.

Allí, según aseguró Morales, se habló de "conspirar y asesinar al hermano Hugo Chávez", por lo que llamó "asesino confeso" al congresista republicano estadounidense Connie Mack, quien planteó hacer frente en Venezuela al gobierno de Chávez.

Esta declaración del mandatario boliviano surgió luego de que Mack, congresista por el estado de la Florida, arremetiera el pasado viernes contra los gobiernos del ALBA, durante la reunión de políticos de derecha denominada "Peligro de Los Andes".

Por ello, Morales sentenció que si algo pasa con la vida del presidente Chávez, el único responsable será Mack, toda vez que lo anunció públicamente.

La IX Conferencia de Defensa de las Américas reúne a ministros de Defensa de 30 países, entre ellos el estadounidense Robert Gates, el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, y delegados de otros continentes.

Durante cuatro días, los ministros discutirán en la ciudad de La Paz (oriente) sobre la consolidación de una zona de paz en la región y la cooperación recíproca en desastres naturales, además de que perfilarán los mecanismos para transparentar los gastos militares. Fin


China e India celebrarán reunión de asuntos fronterizos





BEIJING, 23 nov (Xinhua) --
 China e India mantendrán los próximos días 29 y 30 una reunión de sus representantes especiales encargados de asuntos fronterizos, anunció hoy martes en Beijing un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

El consejero de Estado chino, Dai Bingguo, y el asesor de Seguridad Nacional de India, Shiv Shankar Menon, asistirán a la XIV sesión de conversaciones fronterizas, dijo el portavoz Hong Lei en una conferencia de prensa regular.

China e India comparten una frontera de 2.000 kilómetros que nunca ha sido formalmente delimitada. Los dos países empezaron a discutir asuntos fronterizos en la década de los 80. Con el propósito de mantener la paz y la estabilidad en las zonas fronterizas, se firmaron dos acuerdos en 1993 y 1996 respectivamente.

En 2003, los líderes de ambos países designaron representantes especiales para las labores de demarcación territorial.

En 2005, China e India firmaron una directriz política sobre la demarcación del territorio durante la visita a India del premier chino, Wen Jiabao, en la que los dos países anunciaron además una asociación cooperativa estratégica.

Las últimas conversaciones fronterizas se celebraron el año pasado en Nueva Delhi, donde ambas partes acordaron impulsar el marco del proceso de conversaciones y hacer esfuerzos conjuntos para mantener la paz en sus regiones fronterizas.


Reino Unido se centra en el desarrollo de 'ciberarmamento'

23 Nov 2010 | REUTERS
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Es actualmente una gran prioridad para nosotros", dijo Richards.

"Junto con otros países afines de la OTAN, por ejemplo, vamos a expandir más activamente nuestras nociones y nuestro armamento en este área que en cualquier otra", dijo durante la ronda de preguntas tras su primer discurso público desde que asumió el cargo como jefe del Estado Mayor británico.

Reino Unido anunció el mes pasado una inversión extra de 650 millones de libras esterlinas (758,5 millones de euros) en 'ciberseguridad', después de que una nueva estrategia de seguridad nacional subrayase este área como una de las mayores amenazas a las que se enfrenta el país.

El asunto se dio a conocer en septiembre, cuando expertos en seguridad sugirieron que el virus informático Stuxnet, que ataca a sistemas industriales muy utilizados, podría haber sido creado por un estado para atacar las instalaciones nucleares de Irán.

El mes pasado, el director de la agencia británica de inteligencia sobre las comunicaciones también advirtió de que algunos países ya estaban utilizando técnicas cibernéticas para atacarse entre sí.

"Digo a menudo a la gente que incluso hoy en día se puede destruir la infraestructura de un país atacándolo desde dentro. Pero cuando no hay tiempo, puedes hacerlo a través de un 'ciberataque'", dijo Richards. "Es un área de riesgo enorme".

Richards añadió que los planes de la OTAN de entregar a las fuerzas afganas la responsabilidad de la seguridad en Afganistán en 2014 y poner fin a sus operaciones en el país en los próximos años es "bastante alcanzable".

"Esto no ha caído del cielo", dijo, añadiendo que al mulá Mohammad Omar, líder de los talibanes afganos, no le había gustado el mensaje de que la retirada no tendrá lugar antes.

"Cuatro años, teniendo en cuenta el castigo que están recibiendo y la creciente estabilidad en la ANSF (Fuerza de Seguridad Nacional Afgana)", no es algo con lo que ellos estén contentos, obviamente", dijo. "Podemos ser cautelosamente optimistas sobre conseguir este objetivo".

Francia niega haber escondido documentos sobre un atentado en 2002 en Karachi.

El ministro francés de Defensa, Alain Juppé, niega que se hayan escondido a la justicia documentos para aclarar si un atentado contra ingenieros franceses en Karachi en 2002, que causó 15 muertos, tuvo que ver con el fin del pago de comisiones a responsables paquistaníes por un contrato de armamento.
"Todo lo que han pedido los investigadores se ha descalificado" y "si los jueces de instrucción consideran ahora que hacen falta nuevos documentos", se descatalogarán como secreto y se les entregarán, como ha indicado el presidente francés, Nicolas Sarkozy.
Para Magali Drouet, hija de uno de los ingenieros muertos de los astilleros militares franceses que construían submarinos para Pakistán, se "reconoce que existen documentos que interesaban a la instrucción y que todavía no se han transmitido".