El ministerio de Defensa ha recordado hoy que España fue el primer país en cumplir laConvención de Dublín y completar así la destrucción de todas las bombas racimo que había en sus arsenales y su titular, Carme Chacón, puso en marcha los trámites con este objetivo tres meses después de tomar posesión. Defensa ha recordado que, en mayo del 2008, 111 países acordaron erradicar este tipo de armas en la Convención de Dublín.
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció el viernes que las fuerzas de Muamar el Gadafi han utilizado bombas de racimo fabricadas en España en el 2007 en sus ataques contra zonas residenciales de Misrata, ciudad al este de Trípoli sometida a un intenso bombardeo desde hace dos días.
Defensa, que el viernes aseguró no tener constancia del armamento que está utilizando el régimen libio, ha subrayado hoy en un comunicado el cumplimiento por parte de España de los acuerdos internacionales para destruir este tipo de munición y prohibir su fabricación.
Prohibidas desde julio del 2008
En julio del 2008, tres meses después de tomar posesión Chacón y antes de que España ratificase el convenio, el Consejo de Ministros aprobó una moratoria para prohibir el empleo, desarrollo, producción, adquisición y almacenamiento de estas municiones en el país.
Defensa ha subrayado que, a causa de esa moratoria, puso en marcha los trámites para ladestrucción de todas las bombas de racimo en los arsenales de las Fuerzas Armadas, para lo que se fijó un plazo de un año.
El 18 de marzo del 2009, tres meses antes de dicho plazo, España se convirtió en el primer país del mundo en cumplir la Convención de Dublín al completar la destrucción de las bombas de racimo en sus arsenales.
Destruidas 5.589 municiones
Según los datos de Defensa, en total se destruyeron 5.589 municiones: 4.600 granadas de mortero de fabricación española, 600 bombas de racimo estadounidenses y 400 bombas "antipistas".
Aunque en el comunicado no se alude a la venta de estas armas a Libia, fuentes de Defensa ya precisaron el viernes que la venta a otros países no depende del ministerio de Defensa, sino de una Comisión Interministerial, subordinada al ministerio de Industria, al que las empresas tienen que pedir autorización para la venta de armamento a terceros países.
En España, dos empresas se dedicaban a fabricar bombas racimo hasta su prohibición, la compañía aragonesa Instalaza y Explosiones Alavesas (Expal).
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