Ángel Páez IPS El parlamento de Perú investiga un contrato con una empresa israelí, adoptado por el anterior gobierno para asesorar y entrenar a comandos militares, después de que órganos contralores determinaron irregularidades en su firma. La Comisión de Fiscalización del Congreso legislativo estudia la implicación de tres exministros del gobierno de Alan García (2006-2011) en el acuerdo con la empresa privada de seguridad israelí Global CST. El contrato, suscrito en secreto en 2009, fue para apoyar a los militares en su lucha contra un grupo sobreviviente de Sendero Luminoso, que actúa en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). La maoísta guerrilla senderista se enfrentó al Estado entre 1980 y 2000. Una auditoría de la Contraloría General de la República concluyó que autoridades civiles y militares vulneraron leyes y normas para forzar el contrato con la empresa, cuyo fundador y director es el general israelí de la reserva Israel Ziv. Su investigación determinó que el Estado peruano perdió en total unos 16 millones de dólares, porque Global CST no cumplió con lo estipulado en el convenio con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La Primera Fiscalía Especial Anticorrupción acogió el informe de la contraloría y en los próximos días formalizará la investigación penal contra al menos 20 exfuncionarios civiles y militares del segundo gobierno de García, quien había presidido el país entre 1985 y 1990. Los principales interrogados por la comisión legislativa son el exministro de Vivienda y de Salud, Hernán Garrido, y los extitulares de Defensa, Ántero Flores Aráoz y Rafael Rey, además del exjefe del Comando Conjunto, general en retiro Francisco Contreras. “Todos los involucrados en la contratación de Global CST deberán responder las preguntas que sean necesarias para esclarecer este caso, que vincula a exautoridades civiles y militares del gobierno anterior”, dijo a IPS el presidente de la Comisión de Fiscalización, el diputado Gustavo Rondón. “Queremos saber si era necesario traer a una empresa extranjera para entrenar a los militares que luchan contra los terroristas. Tras las declaraciones, sacaremos nuestras conclusiones y enviaremos un informe a la fiscalía, donde existe una investigación penal”, apuntó Rondón. Tras dejar el cargo de ministro en octubre de 2008, Garrido se vinculó con Global CST en Colombia, donde la compañía israelí proveía de asistencia a los militares de ese país, en lucha con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El acuerdo colombiano con la firma israelí fue suscrito cuando el actual presidente, Juan Manuel Santos, era ministro de Defensa, entre 2006 y 2009. El 30 de abril del 2009, Garrido y Ziv se reunieron en Lima con el entonces ministro de Defensa, Flores-Aráoz, para ofrecerle la asesoría de Global CST en la guerra contra el grupo de Sendero en el Vraem. Al día siguiente, Ziv se encontró con el jefe del Comando Conjunto, Contreras, quien desde entonces condujo las negociaciones para concretar un acuerdo con Global CST. Cinco meses después, el 20 de octubre de 2009, el Comando Conjunto y Global CST firmaron un contrato secreto que, según la contraloría general, resultó lesivo para el Estado peruano. La empresa obtuvo 10,6 millones de dólares, no pagó impuestos por la operación y tuvo otros beneficios, lo que eleva las pérdidas a los 16 millones. Allegados a Garrido manifestaron a IPS que el exministro se limitó a presentar a Ziv a las autoridades peruanas, que no tuvo participación en el proceso de contratación y que no se le pagó por facilitar el contacto.
Sin embargo, tras suscribirse el contrato, Garrido prestó servicios de asesoría a los proyectos de desarrollo social de la empresa israelí en Colombia y Guinea. El exjefe del Ejército, general Otto Guibovich, testimonió ante la comisión legislativa que era innecesario contratar a una compañía privada extranjera para adiestrar a las fuerzas de elite en el Vraem, porque los peruanos cuentan con mayor experiencia. Guibovich, quien ratificó a IPS lo que expresó en el Congreso, también se reunió con Garrido y Ziv, el 30 de abril de 2009. Pero aclaró que no prometió nada porque carecía de proyecto para una asesoría de este tipo. Documentos secretos obtenidos por IPS indican que Global CST, para acreditar su capacidad en guerra contrainsurgente, presentó al gobierno peruano cartas del entonces ministro colombiano Santos y de otros altos cargos de ese país. En una carta a Ziv, fechada el 20 de junio de 2009, Santos le agradece por “el gran trabajo del grupo de asesores de Global CST, que con tanta entrega y talento asesoró, bajo su liderazgo, al Ministerio de Defensa de mi país en los últimos tres años”. Pero Ziv ocultó a sus contrapartes peruanas que su compañía estaba entrenando en el mismo 2009 a una guardia personal del controvertido capitán Moussa Dadis Camara, quien protagonizó un golpe de Estado en Guinea y gobernó ese país entre 2008 y 2009. La contraloría estableció que el Comando Conjunto peruano no previó en su plan anual de acciones ni en su presupuesto de 2009 realizar un contrato como el que suscribió con la firma israelí. En el comando “no existía la necesidad de contratar a una empresa extranjera para entrenar a los militares.
La inventaron. Y cuando lo hicieron, fue a medida y semejanza de la propuesta presentada por Global CST”, explicaron a IPS fuentes de la contraloría. “Lo más grave es que fraguaron un documento para autorizar la contratación de la compañía israelí”, detallaron. “Una prueba contundente de que existió confluencia de voluntades para contratar a la empresa que recomendó un exministro, es que el jefe del Comando Conjunto, general Francisco Contreras, solicitó fondos por un monto que correspondía a lo que exactamente había pedido Global CST por sus servicios”, precisaron. La acusación de la contraloría contra los presuntos responsables de la contratación irregular de Global CST, comprende al exinspector del Ministerio de Defensa, vicealmirante en retiro Carlos Tubino, quien dio el visto bueno al servicio de la empresa. Tubino es ahora congresista de Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado y en prisión por corrupción y delitos humanitarios. Los fujimoristas y los representantes del partido Apra, del expresidente García, critican la investigación de la contraloría, pese a haber sido acogida por la fiscalía. “No es una investigación imparcial porque tiene un propósito político. Se pretende desprestigiar a las Fuerzas Armadas que combaten al terrorismo. Nosotros hemos visto que muchas de las acusaciones de la contraloría carecen de fundamento”, arguyó el congresista fujimorista Julio Gagó, integrante de la Comisión legislativa.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=102556
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