Hay mucho ruido en torno a la Ley de Seguridad Nacional que distrae y esconde una lucha dentro del Gobierno Federal que se arrastra desde que se presentó la iniciativa hace 28 meses. En 2010, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, habló por teléfono con el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, para apurarlo a aprobar la minuta en los términos como la había aprobado el Senado en abril. Rojas, al enfrentar la oposición de la coordinadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, quien pidió revisarla y enmendarla, la congeló.
Lo que reflejaba ese momento es uno de los episodios más delicados que ha vivido la administración de Felipe Calderón, y probablemente el choque más serio dentro de las Fuerzas Armadas desde que en vísperas de las elecciones presidenciales en 1994, un grupo de coroneles preguntó en Washington cuál sería la reacción del gobierno de Bill Clinton si, en caso de violencia en la jornada electoral, intervinieran militarmente. La respuesta informal del Departamento de Estado fue que no reconocerían un gobierno surgido en esas condiciones.
La experiencia y el tiempo ha enseñado a los militares que no necesitan gobernar para tener poder, aunque para ejercerlo realmente necesitan del consenso de todo el mando de las Fuerzas Armadas. Hoy eso no existe, sino una tensión interna entre el sector más abierto del Ejército, representado por el secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván, y el sector más duro que encarnan el subsecretario, general Carlos Demetrio Gaytán, el oficial mayor, general Roberto Miranda, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Luis Arturo Oliver Cen.
La necesidad de un marco jurídico que blinde a las Fuerzas Armadas en sus tareas dentro del marco de la guerra contra las drogas unió a los militares. La reforma a la Ley de Seguridad Nacional vigente desde 2005, los ha dividido. El sector más duro del Ejército orilló al general Galván a plantear zonas de excepción —estados de sitio— que fueran declaradas únicamente por el Ejecutivo, sin mediar el Congreso ni los gobiernos locales, así como atribuciones que corresponden a la autoridad civil, como tareas de investigación policial, cateos y funciones de ministerio público.
La urgencia planteada por Gómez Mont a Rojas —y respaldada implícitamente por el presidente Calderón— acotaba las aspiraciones del alto mando militar, y buscaba que con una aprobación rápida podrían neutralizarse las presiones del sector duro del Ejército. De acuerdo con protagonistas de aquellas negociaciones, Rojas no entendió el problema en toda su dimensión y favoreció indirectamente a ese sector, que durante el último año fue ascendiendo dentro de la estructura de mando —todos fueron promovidos— y adquiriendo un mayor poder dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los tres generales que encarnan al sector más duro del Ejército vienen de la rama de la Caballería —el general secretario procede de Artillería—, y tienen experiencia de mando de tropa. Representan un creciente poder incrustado en la cúpula de las Fuerzas Armadas que reúnen habilidades y capacidades. Los generales Gaytán y Oliver Cen tienen amplia experiencia en el combate al narcotráfico —el subsecretario fue comandante de la Sección Décima del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que se encarga de operaciones contra el narcotráfico—, mientras que el general Miranda tiene nexos con la clase política —producto de los seis años que pasó al lado del presidente Ernesto Zedillo, como jefe del Estado Mayor Presidencial.
El general Gaytán fue promovido a la Subsecretaría de la Defensa el 16 de septiembre pasado, cuando se presentó ante la sociedad política montado en un caballo al frente de la parada militar, y se mantuvo estático frente al balcón presidencial de Palacio Nacional, mientras duraba el desfile. El general Gaytán ya fue designado para encabezar el desfile militar el próximo año, en un mensaje anticipado al alto mando, al ser tradicionalmente la cabeza del último desfile del sexenio quien encabece la terna para la designación del nuevo secretario de la Defensa.
La presión de esta triada venía en ascenso cuando volvió a plantearse la discusión de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y buscar su aprobación durante el periodo extraordinario en este verano, que coincidió con varios incidentes donde participaron militares en la muerte de civiles. El más grave, porque no hubo margen a equivocación, se dio en mayo pasado en Cuernavaca, cuando la Policía Municipal entregó al Ejército al joven Jethro Ramsés Sánchez, quien dos días después de ingresar a la zona militar, apareció muerto en la calle.
La violación de los derechos humanos por parte de los militares, que ha crecido durante la guerra contra las drogas, les redujo capacidad de acción y presión. Pero ni les ha quitado la iniciativa, ni ha anulado su pretensión de tener atribuciones por encima del poder civil, de acuerdo con personas en el centro de la negociación. Entraron en un periodo de repliegue mientras, se puede alegar, baja la atención sobre las Fuerzas Armadas. El ruido en el Congreso y los gritos del poeta-activista Javier Sicilia, también se puede argumentar, no ayudan a ver el fondo de todo lo que está en juego.
Al polarizarse la discusión entre los civiles, se empuja a definiciones bipolares. Si hay zonas del país donde la gente no le importan estas turbulencias de la democracia y quieren paz sin importar que el camino por la que la plantea el Ejército puede conculcar libertades, no puede descartarse la posibilidad de que se apruebe una nueva Ley de Seguridad Nacional afín no a los intereses nacionales que aspiran la consolidación de las libertades, sino que responde al diseño de seguridad nacional en la cabeza de esta triada en el poder militar.
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