LUIS AYLLÓN / MADRID
Día 27/09/2012 - 12.32h
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, sucribió ayer en Nueva York, junto a sus colegas de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Suecia, un comunicado en el que reclaman una nueva ronda de negociaciones para alcanzar un Tratado sobre el Comercio de Armas Convencionales, con el objetivo de evitar que lleguen a países donde se violan lo derechos humanos.
En concreto, los ministros piden que la Asamblea General de la Naciones Unidas apruebe un nuevo mandato para celebrar, lo antes posible, en 2013, una segunda conferencia sobre el tema, después de que fracasará la que tuvo lugar en julio de este año.
El comunicado está suscrito, además de por García-Margallo por los titulares de Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle, de Francia, Laurent Fabius, del Reino Unido, William Hague, y de Italia, Giulio Terzi, así como por la ministra de Comercio de Suecia, Ewa Björling, y en el subrayan que se trata de países que se encuentran entre los principales exportadores de Europa de armas convencionales. Recuerdan que las negociaciones comenzaron hace seis años y que en la Conferencia celebrada en julio más de 90 países daban ya su apoyo a la firma de un Tratado, con el que se pretende evitar la proliferación incontrolada y el tráfico ilícito de armas que —indican— no sólo causan «cientos de miles de muertos y heridos cada año», sino que «minan las perspectivas económicas y sociales de las generaciones futuras».
«Corresponde a los Estados —agregan— garantizar que no se envíen armas a lugares en los que existe un riesgo muy claro de que se utilicen para cometer graves violaciones contra el derecho internacional humanitario y los derechos humanos».
Además, señalan que el Tratado debe ser jurídicamente vinculante, aunque su cumplimiento debe dejarse a los Estados; y precisan que «debe abarcar a toda clase de armas convencionales, incluidas las pequeñas y ligeras, y todo tipo de munición».
En su opinión el Tratado contribuirá a «incrementar la transparencia e impedir la desviación de armas del mercado legal a las redes de tráfico ilícito».
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