por Historia Popular
Lunes, 22 de Octubre de 2012 16:38
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Fuentes de absoluta solvencia consultadas por KALE-GORRIA aseguran al respecto que, además de las 86.000 toneladas de crudo declaradas (se especula con la existencia de otras 20.000 no declaradas), el buque siniestrado frente a las costas gallegas transportaba material para la fabricación de armas químicas.
Álvarez Cascos, Fernández Tapias, Alfonso Cortina, o Álvarez, Manuel Fraga y Carlos del Álamo reunieron para cazar perdices. La finca La Flamenca de Aranjuez fue el escenario donde el noviembre se recondujo la crisis que cuatro días antes había encendido las alarmas en medio lo. El Prestige hacía aguas y los prohombres de la política y las finanzas en el Estado español debían conjugar las maniobras para ocultar la verdadera dimensión de la catástrofe (cargamento no declarado, inminencia de una marea negra, conexiones internacionales...) con un plan que garantizase el máximo rendimiento para intereses de quienes la habían provocado.
("Kale Gorria nº 18, Diciembre de 2002)
El ex director de la Dirección General de la Marina Mercante José Antonio Madiedo se preguntaba recientemente sobre la clase de mercancía podía transportar el Prestige para que en las dos ocasiones en las que atracó en el puerto de Algeciras (extremo negado por las autoridades españolas) el buque no hubiese sido objeto de inspecciones por parte de las autoridades portuarias, a pesar de que en los dos últimos años este tipo controles se han intensificado en el puerto andaluz a raíz de los continuos vertido de fuel detectados.
Fuentes de absoluta solvencia consultadas por KALE-GORRIA aseguran al respecto que, además de las 86.000 toneladas de crudo declaradas (se especula con la existencia de otras 20.000 no declaradas), el buque siniestrado frente a las costas gallegas transportaba material para la fabricación de armas químicas. Precisaron además que la carga mortífera tenía como destino Arabia Saudí -país catalogado entre los principales importadores de armas en el mundo- y que el vendedor estaría localizado en las esferas más altas del Reino Unido. La posible presencia en el buque de esta carga ilegal y las conexiones internacionales de los propietarios de la naviera habrían sido claves para el desarrollo de los acontecimientos que culminaron con el hundimiento del petrolero en aguas internacionales.
A la llamada de auxilio lanzada el día 13 de noviembre por el capitán del Prestige -el griego Apostolos Mangouras- ante el desprendimiento de parte de la superficie del casco del buque acudió el remolcador Ría de Vigo, perteneciente a Remolcanosa, propiedad del naviero Fernando Fernández Tapias, socio del traficante de armas y dueño del petróleo que transportaba el buque Marc Rich. Durante catorce horas fue la empresa de "Fefé" la que se ocupó de las primeras maniobras de rescate y del intento fallido de aproximación del Prestige al puerto de A Coruña.
Incidente del Casón
La misma naviera protagonizó otro dramático incidente en diciembre de 1987 en las costas de Fisterra, donde el mercante de bandera panameña Casón, que transportaba un cargamento de sustancias tóxicas no identificadas, se hundió después de que uno de los remolcadores de Fernández Tapias lo estrellara contra las rocas. Aquella sospechosa maniobra costó la vida a 23 tripulantes del buque y obligó a evacuar las villas de Fisterra, Corcubión y Cee, donde numerosos vecinos resultaron hospitalizados con afecciones respiratorias y cutáneas.
Fuentes cercanas al entonces director de la Marina Mercante, José Antonio Madiedo, llegaron a manifestar que aquel producto tóxico estaba destinado a la fabricación de armas químicas y añadieron que la maniobra que provocó el hundimiento del mercante cerca de la playa de Rostro fue deliberada. Estas afirmaciones fueron ratificadas por el patrón de la embarcación de la Cruz Roja que participó en los trabajos de rescate y por los testimonios de vecinos de la zona que observaron la actuación de la embarcación Remolcanosa-5.
Un mes después de sus polémicas maniobras con el Prestige, Remolcanosa ha obtenido dos adjudicaciones públicas por más de 1.600.000 euros desde la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), dependiente del Ministerio de Fomento, para servicios de salvamento y lucha contra la contaminación en la zona atlántica norte de la Península y en el mar Mediterráneo.
Decisiones y negligencias.
La detención del capitán del buque, su permanencia en régimen de incomunicación desde el día del siniestro, la desaparición del diario de navegación y los intentos por parte de los amos del Prestige para que el Juzgado de Corcubión se inhiba y el sumario se traslade a la Audiencia Nacional, son circunstancias que tratarían de dificultar el esclarecimiento de las verdaderas razones que concurrieron en la conducción y el hundimiento del Prestige en alta mar.
El desenlace del incidente marítimo vino precedido de una serie de maniobras de remolque que, a la postre, agravaron la catástrofe. Durante cuatro días las autoridades españolas divagaron sobre el rumbo del Prestige, hasta que el 17 de noviembre el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, el presidente de Repsol, Alberto Cortina, el naviero Fernando Fernández Tapias y el conselleiro de Medio Ambiente de Galicia, Carlos del Álamo, coincidieron en una cacería organizada por el presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, en la finca La Flamenca de Aranjuez, propiedad de Manuel Falcó y de Anchorena, Duque de Fernán Núñez.
La puesta en práctica de la decisión consensuada esa misma tarde entre Fernández Tapias y el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga -quien días más tarde se refirió al naviero como "experto en hidrocarburos"- no se hizo esperar. Ordenaron parar los motores al Prestige, que navegaba hacia alta mar y se encontraba a poco más de 70 millas de la costa gallega. Esta actuación hizo que el oleaje golpease con fuerza el costado dañado del buque y la consiguiente ruptura de los tanques de carga provocase el derramamiento de miles de toneladas de fuel al mar.
A partir de ese momento y ante la inminente llegada de le primera marea negra a Galicia, las autoridades españolas decidieron alejar el peligro lo más lejos posible de la costa. El naufragio se produjo cuando el buque se encontraba a unas 250 millas, en aguas internacionales.
Bloqueo informativo
Mientras en los medios públicos, sobre todo en TVE y en la radiotelevisión autonómica gallega, se prohibía a los periodistas hablar de "marea negra", Cascos extendía el veto a otros medios de comunicación ordenando a la capitanía de Vilagarcía de Arousa y a varios puestos de salvamento marítimo de Galicia que impidieran que corresponsales de Tele 5 y de "La Voz de Galicia" subieran a bordo de barcos que zarparan hacia la zona donde se habían detectado las primeras manchas de fuel.
Las informaciones oficiales llegaban con cuentagotas e incluso la prensa afín a las tesis del PSOE como "El País" alabaron las decisiones adoptadas por el gabinete de crisis que había puesto en marcha el Gobierno de Aznar. Estas apreciaciones contradecían sin embargo las alarmantes noticias provenientes de las autoridades marítimas portuguesas y estamentos oficiales del Reino Unido. La presencia del presidente de El Corte Inglés en la cacería de Aranjuez habría parecido casual si no hubiera sido porque Isidoro Álvarez dirige una de las empresas con mayor presupuesto para inserción de publicidad en medios.
Tráfico de chapapote
La petrolera Repsol YPF, presidida por Alfonso Cortina, también participe de la cita cinegética, es la beneficiaría del crudo que por toneladas se recoge día a día en Galicia y en otros puntos de la cornisa cantábrica. La flota de camiones utilizada para transportar el crudo a la compañía petrolífera en A Coruña ha sido contratada por Tragsa, sociedad a la que el Ministerio de Medio Ambiente ha adjudicado los servicios de gestión y coordinación de la limpieza, la subcontratación de voluntarios y medios técnicos (contenedores, guantes, trajes de faena...) por método de urgencia -sin concurso público y cuya fecha de publicación en el BOE y su importe son desconocidas-.
Tragsa, presidida por la ex ministra de Medio Ambiente Isabel Tocino y en cuya dirección figuran otros miembros cualificados del PP como José Rueda, marido de la secretaria personal de la comisaria europea Loyola de Palacio, ha sido denunciada por pescadores gallegos por contratar voluntarios con sueldos inferiores a los subvencionados por la Xunta y por venderles material hasta cuatro veces por encima de su precio de compra.
Ultima modificacion el Martes, 23 de Octubre de 2012 10:41
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