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domingo, 24 de abril de 2011

España vendió armas a Gadafi por siete millones de euros de forma ilegal



España exportó a Libia material de defensa y militar por valor de más de 6,9 millones de euros en el primer semestre de 2010 violando el artículo 8 de la Ley de Comercio de Armas, según denuncia la Coalición Armas Bajo Control, integrada por Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Fundació per la Pau y Greenpeace.

Según informan estas ONGs, las citadas exportaciones violan el artículo 8 de la Ley 53/2007 de Comercio de Armas, que obliga a no vender este tipo de material cuando su uso "pueda ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos".

Con destino a las fuerzas armadas
En concreto, desde España se importó a Libia un total de 3.399.500 euros en aeronaves. Este capítulo incluye aeronaves de combate, vehículos aéreos no tripulados, motores aeronáuticos, vehículos aéreos teledirigidos, abastecedores de combustible, equipos de respiración presurizados, paracaídas y sistemas de pilotaje automático.

Además, el ministerio de Defensa español vendió al país magrebí 3.526.800 euros en materia de tratamiento de imagen, donde se incluyen registradores y equipos de proceso de imagen, cámaras, equipo fotográfico, equipo para la intensificación de imágenes, equipo de formación de imágenes de infrarrojos o término y quipo sensor de imagen por radar.

Según revela el informe, el cien por cien de estas exportaciones de los primeros seis meses del pasado año se destinaron al uso de las Fuerzas Armadas libias.

Pero además, también se realizaron exportaciones de material de caza y tiro deportivo por un importe de 438.870 euros, consistente en escopetas de caza y vainas con y sin pistón, con destino a armería en un 98,89 por ciento y en un 1,1 por ciento a uso particular.

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