Con todo, sin duda, el mayor reto al que se enfrentará el sucesor de Carme Chacón --la única mujer que ha estado al frente de Defensa-- será el de afrontar la millonaria deuda que tiene el Departamento con las empresas y con el Ministerio de Industria, a quien debe 14.000 millones de euros correspondientes a los créditos blandos que concedió para la inversión en este tipo de programas.
En total, desde 1997 España está embarcado en 19 Programas Especiales de Armamento (PEAS) que suman algo más de 31.000 millones de euros -que podrían alcanzar los 37.000 millones debido a posibles revisiones--- y de los que hasta ahora Defensa sólo ha pagado poco más de 4.000 millones.
El resto debería abonarse hasta 2025.
Muchos de estos programas han supuesto cientos de puestos de trabajo en España y han implicado la participación española en consorcios europeos, pero también han provocado una deuda que Defensa difícilmente puede afrontar con su presupuesto ordinario.
Entre estas adquisiciones se encuentran los programas del avión de combate Eurofighter -del que España compró 87--, el avión de transporte militar A400M -con 27 aparatos para España_, las cuatro fragatas F-100 y los carros de combate Leopardo -con una compra prevista de 235 vehículos. SISTEMA 'INSOSTENIBLE'
En su última comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, el secretario de Estado del ramo, Constantino Méndez, avisó de la dificultad de la situación y alertó de que los pagos no podrán ser atendidos con el presupuesto ordinario asignado a la política de defensa, que, por otra parte, arrastra una tendencia a la baja en los últimos años.
Méndez advirtió de que el nuevo ministro debería 'enfrentarse a esta compleja situación desde el primer día' y avanzó alguna solución: para empezar, retrasar cinco años los pagos previstos hasta 2025. Y, para un medio plazo, defendió la 'imprescindible' necesidad de revisar el modelo de adquisiciones empleado durante los últimos quince años, porque se ha demostrado 'insostenible'.
En su comparecencia por las mismas fechas de 2010, el secretario de Estado fue más directo en la crítica a la política que se inició en 1997: 'Se compró armamento que no usaremos, para escenarios de confrontación que no existen y con dinero que no tenemos', dijo. El pasado septiembre, además, hizo hincapié en que el 86% de los contratos contraídos se sellaron en los Gobiernos de José María Aznar.
MISIONES EN EL EXTERIOR
Más allá de los problemas económicos que atraviesa el Ministerio, el nuevo titular de Defensa deberá gestionar la salida de Afganistán, que comenzará el próximo enero y que tendría que estar completada en 2014, según los plazos acordados por la OTAN en la cumbre celebrada en Lisboa en noviembre de 2010.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dio a conocer el 'plan de retirada' de España el pasado mes de junio, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciara el repliegue de 33.000 de sus militares entre 2011 y 2012.
Según indicó Zapatero entonces, la previsión es que en el primer semestre de 2012 se repliegue en torno al 10% de los 1.500 efectivos que España mantiene en Afganistán. En el primer semestre de 2013 deberán haber abandonado el país hasta un 40% de los militares y en 2014 se tendrá que producir la retirada completa.
De esta manera, si un Gobierno del PP fue el encargado de iniciar la participación española en enero de 2002 en la misión que se puso en marcha para apoyar al Gobierno que sucedió a los talibán y garantizarle un entorno de seguridad, otro Gobierno del PP deberá gestionar su fin.
Por el camino se han perdido las vidas de 98 militares españoles, la mayoría en los accidentes aéreos del Yakolev-42, que en mayo de 2003 dejó 62 miembros de las Fuerzas Armadas muertos, y el del helicóptero Cougar, en agosto de 2005, en el que perecieron 17 militares.
Además de la misión de Afganistán, Morenés deberá gestionar el futuro de las otras tres operaciones internacionales en las que participa España: la operación 'Atalanta' de lucha contra la piratería en aguas del Índico, la participación en la Fuerza Interiona de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) y la misión de entrenamiento de militares somalíes que se lleva a cabo en Uganda.
Las tres misiones pasan por momentos diferentes. Así, en Líbano, el general español Alberto Asarta cederá el mando a finales del próximo enero tras dos años en los que España ha liderado la misión, a la que España aporta cerca de 1.100 'cascos azules'.
Mientras tanto, desde principios de este mes, el capitán de navío Jorge Manso está al mando de la 'Operación Atalanta', que protege a los buques del Programa Mundial de Alimentos que trasportan ayuda humanitaria a la zona y lucha contra los ataques de piratas en el Océano Indico. Ésta es la tercera ocasión que España asume el liderazgo de esta misión, que comenzó en 2008 por iniciativa de Francia y España.
Y en Uganda permanecen desplegados cerca de medio centenar de militares españoles, en su mayoría instructores. La misión ha estado dirigida por España en su primer año de vida, mientras que ahora es Francia quien ostenta este liderazgo.
ESPAÑA, EN EL ESCUDO ANTIMISILES
Asimismo, el Gobierno del PP deberá pactar con Estados Unidos los detalles del acuerdo sellado el pasado octubre según el cual Rota será a partir de 2013 base naval del sistema de defensa antimisil que la OTAN y Estados Unidos esperan desplegar en Europa para contrarrestar amenazas balísticas de países como Irán o Coreal del Norte.
Según lo acordado, Washington desplegará cuatro buques dotados con el sistema de defensa AEGIS y un total de 1.100 militares en la base naval gaditana, que se convertirá así en una pieza clave del escudo antimisiles.
Por otra parte, el ministro de Defensa de Rajoy deberá cumplir con los mandatos normativos que impuso la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos, el de la reforma de la Ley de la Carrera Militar que entró en vigor en 2008 y que contiene numerosos puntos de fricción.
Además, la ley de Chacón exige la reforma del Régimen Disciplinario, cuyo proyecto presentó el Gobierno socialista en el Congreso, aunque no llegó a tramitarse, y del Código Penal Militar, así como las 'necesarias adaptaciones de las leyes procesales militares'.
¿CAMBIARÁ LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD?
El nuevo Gobierno también deberá decidir si pone en marcha las nuevas herramientas previstas en la Estrategia Española de Seguridad que, con retraso, aprobó el Ejecutivo socialista el pasado mes de junio o si, en cambio, inicia la elaboración de un nuevo documento, tal y como se ha apuntado.
El documento, cuya elaboración se encargó al ex secretario general de la OTAN Javier Solana, fue un compromiso de Zapatero que anunció en su debate de investidura de 2008 y que tenía por objetivo señalar prioridades, cuantificar dotaciones, asegurar la colaboración y planificar los esfuerzos organizativos y presupuestarios en esta materia.
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