El aniversario de los treinta años de la guerra de Malvinas y, probablemente, cuestiones internas de los gobiernos argentino y británico, han reanimado el debate sobre la cuestión Malvinas.
El documento de un grupo de respetados intelectuales de nuestro país ha suscitado, en ese marco, una intensa polémica sobre el alcance de los derechos argentinos sobre las islas y los que poseen los que habitan en ellas. Deseo sumarme a la discusión para intentar precisar algunos aspectos que, según creo, no quedan claros.
La Carta de las Naciones Unidas, sucesivas resoluciones de su asamblea general y los principales pactos de derechos humanos consagraron el principio de autodeterminación de los pueblos, fundamental en el orden internacional de la segunda posguerra mundial. La presión que los nuevos Estados ejercieron, su poder de número en la asamblea general y la convicción de muchos entonces de que la libertad es un valor intrínseco para el desarrollo económico, político, social y cultural fueron la base para la consagración de este principio. La Argentina desde mucho antes defiende a ultranza su aplicabilidad internacional como la autoridad indelegable de los pueblos para decidir su futuro.
No obstante esto, dentro de sólo dos años se cumplirá medio siglo de la tradicional posición argentina contraria a la aplicación forzada del principio de autodeterminación de los pueblos respecto de las islas Malvinas. En 1964, el representante ante las Naciones Unidas del gobiernodel presidente Illia, José María Ruda, sostuvo ante el Comité de Descolonización que el caso de Malvinas no comprende a las pautas generales de descolonización clásica, incorporando una precisión no atendida hasta entonces respecto de territorios ocupados. El objetivo nacional, desde ese momento, es el restablecimiento de la integridad territorial argentina, a través de una interpretación razonable de la regla de autodeterminación.
No es el medio siglo de la continuidad de esta política exterior lo que justifica no revisarla, sino la solidez del argumento: el discutible origen de los antecesores de los actuales ocupantes, pues se asentaron en las islas tras una desocupación por la fuerza de los argentinos que allí estaban, por parte de los británicos, en 1833. A ello se suma que de un total de aproximadamente 3000 residentes en la isla, un millar son civiles relacionados con la base de Mount Pleasent y otros mil trabajan ocasionalmente en las pocas industrias existentes.
La autodeterminación es el principio rector en materia de descolonización, pero su aplicación requiere de determinados supuestos que no se presentan en las Malvinas. No toda descolonización se resuelve a través del principio de autodeterminación. Nuestro país sostiene que debe prevalecer, en el caso concreto, el principio de soberanía e integridad territorial. Las Naciones Unidas ha reconocido la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y Gran Bretaña como únicas partes y en reiteradas oportunidades ha instado a que negocien entre ellas para encontrar una solución pacífica a la controversia.
La afirmación de nuestra soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes es el sentido de la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución nacional. Por otro lado, los tratados sobre derechos humanos no consagran el derecho a elegir libremente nacionalidad, sino a tener una y a no ser privado arbitrariamente de la que se posea o de la que se aspire.
Entiendo que no es incompatible reclamar nuestra soberanía respetando, al mismo tiempo, la voluntad ciudadana de los malvinenses y todos sus derechos. La Argentina puede negociar sus derechos, y atender los intereses de los pobladores. Respecto de lo primero, hay que seguir forzando a Gran Bretaña a sentarse a discutir razonablemente lo que más le interesa, la explotación de los recursos pesqueros y los eventuales hidrocarburos existentes. El acompañamiento de la región en este momento puede brindar una excelente oportunidad para ello. En relación con los pobladores, hay que desplegar seriamente una estrategia de acercamiento que acorte la brecha que parece alejarnos. Puede desplegarse un abanico de estrategias de soft power , en términos de Joseph Nye, con el propósito concreto de entablar con los residentes un diálogo cada vez más intenso, donde la Argentina no retroceda ni los pobladores se vean amenazados.
Por supuesto que debe descartarse un patrioterismo retórico; así como nos debemos una reflexión más severa y amplia sobre nuestro comportamiento colectivo frente al intento belicista de la dictadura. Hacen falta políticas inteligentes, que no hemos desarrollado en los últimos años. Por ejemplo, no hemos concesionado áreas de exploración de hidrocarburos en la zona ni realizado políticas pesqueras específicas para el lugar del conflicto; tampoco ha habido ninguna iniciativa para tener más presencia argentina en las islas. Tampoco existe mayor actividad regulatoria del Estado sobre la zona en materias diversas, que van desde la utilización de recursos naturales hasta cuestiones fiscales, medioambientales, laborales o sanitarias. En suma, no renunciar a nuestra posición, buscar incesantemente canales de negociación con Gran Bretaña y acercarnos a los malvinenses fomentando la empatía deberían ser tres ejes básicos para llevar adelante. No pareciera que vayan en esta dirección medidas como la de la ministra Giorgi en contra de las importaciones inglesas; sí, en cambio, el anuncio de la Presidenta de intensificar los vuelos a las Malvinas desde el continente.
Por Ricardo Gil Lavedra
21/03/12
LA NACION
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